Permitir el acceso indebido a autorizaciones de trabajo y residencia de ciudadanos extranjeros simulando su contratación laboral y registrando continuos movimientos de altas y bajas de trabajadores, sin abonar las correspondientes cuotas a la Seguridad Social, y todo ello, con el fin último de disfrutar de prestaciones públicas. Éste parece ser el fraude de más de 685.000 euros a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal que han destapado Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, tras la detención de 27 personas en Murcia y Alicante.

La investigación la inició en noviembre la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Comisaría de Alicante, después de tener conocimiento de la existencia de una empresa constructora en Sucina (Murcia), cuyo gerente – un marroquí en busca y captura por los hechos y que se presume que ha regresado a su país – no había efectuado ninguno de los ingresos de las cuotas en la Seguridad Social desde su creación.

De hecho, la empresa de la pedanía murciana acumulaba una deuda con la Tesorería de la Seguridad Social que superaba los 400.000 euros. Al parecer, la firma había sido creada para permitir autorizaciones de trabajo, residencia y prestaciones por desempleo de ciudadanos extranjeros, cuyas peticiones se realizaban en la provincia de Alicante, a pesar de que la empresa contratante estaba ubicada en Sucina. Según fuentes de la investigación, lo hacían con el único objetivo de pasar «más desapercibidos y evitar que se detectase el fraude».

Este ‘modus operandi’ habría permitido que la empresa se beneficiase supuestamente de 285.000 euros en prestaciones públicas fraudulentas, ya que un total de 54 personas podrían haber sido dadas de alta y habrían disfrutado, tras la extinción de su contrato, de prestaciones por desempleo, cuyas cantidades oscilaban entre los 4.000 y los 15.000 euros.

Regresaban a sus países

Los agentes también han podido constatar durante la investigación, que muchos de los solicitantes de prestaciones se marcharon a sus países de origen – Marruecos o Argelia – , siempre después de haberles sido concedido el derecho a obtener las prestaciones. La investigación ha permitido detectar la existencia de fraude en el cobro de prestaciones por incapacidad laboral por maternidad, cuyos contratos fueron realizados a mujeres en avanzado estado de gestación.

El resto de los contratos fraudulentos, unos 50, fueron utilizados para obtener autorizaciones de residencia y trabajo o bien tramitar su renovación. A los 27 detenidos en el marco de la ‘Operación Salao’ se les acusa de ser los presuntos autores de los delitos de fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, falsedad documental, estafa y favorecimiento de la inmigración ilegal.