La Policía Nacional ha detenido a 27 personas, la mayoría de ellas en la provincia de Alicante, acusadas de defraudar más de 685.000 euros a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo a través de una empresa ubicada en la pedanía murciana de Sucina.

El administrador de esa mercantil se encuentra en busca y captura después de que huyera a su país natal, Marruecos, una vez descubierta la estafa, según informaron ayer a este diario fuentes de la investigación.

El ‘modus operandi’ de esta trama delictiva consistía en simular contratos de trabajo para que sus beneficiarios pudieran obtener de forma fraudulenta prestaciones públicas por desempleo y autorizaciones de trabajo y residencia, según explicó la comisaría provincial en una nota de prensa.

La llamada ‘Operación Salao’ se ha saldado por el momento con el arresto de 27 sospechosos, que están acusados de delitos de falsedad documental, estafa a las instituciones públicas de empleo y a la Seguridad Social y favorecimiento de la inmigración ilegal.

La mayoría de los arrestos se han producido en la Vega Baja y otras comarcas de la provincia de Alicante, que es donde se presentaban los solicitudes de subsidios y permisos de extranjería.

La investigación se inició en noviembre de 2011, cuando la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif) de la Policía de Alicante tuvo conocimiento de que el gerente de una empresa constructora de Sucina no había efectuado ningún ingreso de cuotas a la Seguridad Social desde su creación. La cuantía de esta deuda ha sido cifrada en más de 400.000 euros, según las mismas fuentes.

Tras diversas pesquisas, los agentes determinaron que la mercantil había sido constituida en realidad para «permitir el acceso indebido a autorizaciones de trabajo y residencia de ciudadanos extranjeros y el disfrute de prestaciones públicas».

Para ello, se simulaban contrataciones laborales «con numerosos movimientos de altas y bajas de trabajadores que no tenían su correspondencia en el pago de cuotas a la Seguridad Social.

Con esos contratos los interesados tramitaban sus peticiones de permiso por residencia y prestaciones por desempleo en Alicante a fin de «pasar más desapercibidos y evitar que se detectase el fraude», según el comunicado de comisaría.

Los 285.000 euros restantes del presunto fraude corresponden al cobro indebido de subsidios de paro.

La investigación ha descubierto que 54 personas que habían sido dadas de alta por la empresa investigada disfrutaron de esos derechos tras la extinción de sus falsos contratos.

Los solicitantes percibieron por ese concepto cantidades que oscilaban entre los 4.000 y los 15.000 euros y muchos de ellos se marcharon a sus países de origen, principalmente Marruecos y Argelia, tras cobrar el dinero.

Lo mismo ocurre con el empresario marroquí de Sucina, que huyó a su país. El fraude también se extiende al cobro de prestaciones de incapacidad laboral por maternidad, con contratos falsos a mujeres inmigrantes que ya presentaban un avanzado estado de gestación.