Donostia. El Departamento vasco de Sanidad mantendrá la tarjeta sanitaria con “la cartera entera de servicios” a los inmigrantes irregulares y demás colectivos afectados por el real decreto aprobado por el Gobierno central el 20 de abril y convalidado ayer en el Congreso de los Diputados.

Dicho decreto pretende ahorrar más de 7.000 millones de euros en el Sistema Nacional de Salud e incluye actuaciones como el copago farmacéutico, que por primera vez tendrán que asumir los pensionistas, y medidas para controlar el “turismo sanitario”, como la retirada de la tarjeta a los inmigrantes ilegales.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, se comprometió a “dar la cartera entera de servicios” de Osakidetza a los colectivos que perderán su derecho a la tarjeta sanitaria.

En Euskadi, la cifra de afectados rondaría los 40.000, según los datos de Fernández: 22.000 inmigrantes empadronados sin permiso de residencia, 13.500 jóvenes mayores de 26 años que no han accedido a su primer empleo, 800 divorciadas en demanda de su primer empleo y 3.500 discapacitados que aún no han trabajado por primera vez.

El viceconsejero explicó que el Gobierno Vasco se apoyará “en la legislación vigente” para no aplicar el real decreto y citó la ley española de septiembre de 2011 y el decreto vasco de 1988, dos normas que “garantizan la universalidad sanitaria”.

“Este es el marco vigente y lo haremos valer, al igual que el autogobierno”, recalcó Fernández, quien se comprometió a que los colectivos que quedan fuera de la cobertura sanitaria con el real decreto convalidado ayer cuenten con una tarjeta con “la misma cobertura que el resto” dentro de Osakidetza, aunque no sea válida fuera del sistema público de salud vasco.

saturación Fernández aseguró que la aplicación del real decreto saturará los servicios de urgencias porque la única atención que se prestará a los citados colectivos será la de emergencia, además de que agravará enfermedades y las hará crónicas por “la falta de atención” y ello acarreará mayores costes al sistema.

Además, aseguró que los datos desmienten que los inmigrantes “abusen” del sistema y, como ejemplos, apuntó que acuden cada año al médico 6,4 veces por 11,1 de los nacidos en el Estado y que su consumo en fármacos es de 96,5 euros, frente a 446. El único apartado, explicó, con un mayor uso de los extranjeros es urgencias (16%).

Fernández participó en un encuentro con asociaciones de colectivos afectados por los recortes, en la que también tomo parte la Asociación por el Derecho a la Salud, Osalde.

Su presidente, Juan Luis Uria, anunció que esta agrupación va a proponer a los médicos “la objeción ética en las consultas porque, al margen de lo que ocurra a nivel institucional, los colectivos profesionales necesitamos trabajar con el humanismo normal y con la ética habitual de la consulta médica”.

También tomaron parte en el encuentro la Federación de Asociaciones de Personas con Disminución Heldu, la asociación universitaria Gazte Kanpusa, la asociación Parkinson Bizkaia, Cruz Roja y Médicos del Mundo, así como el Instituto Vasco de la Mujer Emakunde y la Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco.