Médicos vascos promoverán la objeción ética frente a los recortes sanitarios del Gobierno de Rajoy. Así lo anunció ayer el presidente de la Asociación por el Derecho a la Salud (Osalde), José Luis Uría, tras un encuentro en Bilbao con representantes de organizaciones de inmigrantes, enfermos crónicos y personas con discapacidad, Cruz Roja y Médicos del Mundo, en el que también participó el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández.
«Los colectivos profesionales necesitamos trabajar desde el humanismo y la ética», proclamó Uría al finalizar el acto. Antes se había explayado en lanzar críticas al real decreto ley, convalidado ayer mismo por el Congreso con los únicos votos del PP, que entre otras medidas deja fuera del Sistema Nacional de Salud a las personas inmigrantes en situación irregular. Además, plantea ajustes en prestaciones como las prótesis y en el transporte sanitario no urgente. En materia de medicamentos, introduce el copago a los jubilados. «Rechazamos explícitamente ese decreto. Y cada día que pasa lo rechazan más colectivos profesionales. Debemos unir esfuerzos para que no se aplique en Euskadi, porque es una cuestión que debe plantearse en clave de derechos», recalcó Uría. El presidente de Osalde reiteró que desde su organización van a «plantear en firme la objeción ética» a las medidas del Ejecutivo central. «Euskadi siempre está en la brecha», concluyó.
Además de este médico, intervinieron en el acto los portavoces de los colectivos convocados. En nombre de las personas con discapacidad, Txema Alonso, censuró las «restricciones en los derechos conseguidos» que se plantean para las personas con una minusvalía inferior al 65%. En representación de los jóvenes, David Quintana censuró que los mayores de 26 años tengan que acreditar un estado de pobreza para tener acceso a la atención sanitaria.
«Condena a muerte»
El presidente del colectivo senegalés en Bilbao consideró el real decreto ley «una condena a muerte» para muchos inmigrantes. Asimismo, protestó porque «se nos hace responsables de la crisis y alimenta discursos xenófobos».
En el acto también participó la directora de Emakunde, María Silvestre, quien expresó el malestar del Instituto Vasco de la Mujer por la situación en que se coloca a las mujeres divorciadas que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social. «Quedan atadas a la titularidad de sus excónyuges para poder seguir teniendo el derecho a la asistencia sanitaria», denunció.
El director de Inmigración del Gobierno Vasco consideró que la exclusión de las personas extranjeras en situación irregular unas 22.000 es «un torpedo» contra el concepto de ciudadanía.
Frente a las declaraciones realizadas por el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, en las que apostó por una sanidad «primero para los de casa», Miguel Ángel González, defendió que «los inmigrantes son una parte indisoluble de nosotros, los vascos, y del futuro que queremos construir». Asimismo, se refirió a la «contribución» de las personas extranjeras para la consecución de las «cotas de bienestar de este país. Sin ellos, no se habrían alcanzado».
El encuentro de todas estas organizaciones dio pie a la redacción de un manifiesto al que dio lectura el viceconsejero. El documento recoge el compromiso del Gobierno Vasco para que «todas las personas en el País Vasco sigamos teniendo una asistencia sanitaria de calidad en igualdad de condiciones en su acceso».
Para conseguirlo, Euskadi echará mano de su Estatuto de Autonomía, por considerar que este marco jurídico le permite defender su derecho a ofrecer una sanidad universal. «No vamos a dar un paso atrás en el acceso a servicios públicos esenciales que contribuyen a la cohesión social y el respeto a los derechos y la dignidad de las personas», dice la declaración.
En esta línea, el viceconsejero Jesús María Fernández aseguró que Osakidetza mantendrá la tarjeta sanitaria actual y repartirá la nueva que pondrá en circulación en los próximos meses «con toda la cartera de servicios» a todos los ciudadanos que estén empadronados en el País Vasco.