bilbao. La de ayer fue una jornada aciaga para el Estado del Bienestar. El copago farmacéutico entre los jubilados y personas con rentas bajas, inmigrantes sin tarjeta sanitaria, el encarecimiento de las matrículas universitarias, la masificación de las aulas, las sustituciones a partir del día 15, profesorado sobrecargado… ya tienen vía libre. A pesar del no unánime expresado ayer por los grupos de la oposición, el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó los dos decretos de racionalización del gasto en sanidad y educación, con los que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende ahorrar 10.000 millones de euros para paliar el déficit de las autonomías. Bastaron únicamente los votos del Partido Popular para elevar a ley básica la mayor involución de los servicios públicos de la historia.

Un funeral organizado por distintos colectivos y sindicatos frente a la puerta de los leones del hemiciclo fue, además de premonitorio, la metáfora de lo que horas después se iba a certificar en la Cámara baja. Hasta el último momento, distintos responsables del PP intentaron ganarse el apoyo de CIU sin lograrlo, lo cual puso en evidencia la soledad del Gobierno Rajoy en lo que muchos calificaron ayer como “el mayor ataque” contra el Estado del Bienestar en democracia.

La sesión plenaria tuvo de todo, reproches de todos los signos, una defensa de circunstancias pero numantina por parte de los populares de las medidas de recorte, el solitario voto de UPN a favor del decretazo sanitario e incluso una encendida discusión entre la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, con el Grupo Socialista después de que esta recriminase al portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, los “comentarios machistas de algunos hombres de esta casa”. El rifirrafe tuvo su continuación en las redes sociales.

Pero lo más significativo del día de ayer fue el silencio del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que ni siquiera subió a la tribuna para defender el mayor golpe sufrido por la enseñanza y la educación en los últimos años. Rajoy dejó la tarea en manos de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y del ministro de Educación, José Ignacio Wert. El presidente español reservó las explicaciones para una charla distendida e informal con los periodistas en el bar Manolo, a la vista de que se prolongaba más de lo previsto el debate y votación de los decretos con las medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la educación.

El ministro Wert fue el encargado de abrir la sesión. “Son medidas excepcionales para una situación excepcional”, incluso “algunas son dolorosas”. Pero para el resto de los presentes en el hemiciclo este tono de casi disculpa del ministro no fue suficiente avalar el real decreto – ley para conseguir un ahorro autonómico superior a los 3.000 millones de euros en educación.

Masificación y ‘tasazo’ En el ciclo Obligatorio, el decreto permite incrementar en un 20% el número máximo de escolares por clase, esto es, 25 en Primaria y 30 en Secundaria. También se ha incrementado el horario lectivo del profesorado, de tal manera que será de 25 horas en Infantil y Primaria y 20 en ESO. No se cubrirán las bajas con un sustituto hasta el decimoquinto día, y en el interino el alumnado será atendido por los recursos del propio centro docente. Se deroga la exigencia a los institutos para que oferten al menos dos modalidades de Bachillerato y se retrasa dos años la implantación de los nuevos módulos LOE de 2.000 horas de FP.

En el ámbito de la Educación Superior se concede a las CC.AA. la oportunidad de incrementar el precio de las matrículas universitarias entre el 15 y el 25% del coste real del curso en primera convocatoria, entre el 30 y el 40% en el caso de las segundas matrículas y desde el 65 al 100% en las terceras y cuartas matrículas. Por otro lado, se obligará al profesorado que no investigue a que incremente su labor docente de 8 a 11 horas lectivas a la semana y, además, se impone un número mínimo de 50 alumnos para la continuidad de una titulación determinada. Y a partir de ahora, los Gobiernos autonómicos tendrán la potestad de fiscalizar las cuentas de la universidad al final de cada ejercicio, lo cual se observa desde las instituciones académicas como un ataque a su autonomía.

Mato y Wert mano a mano Wert señaló que las medidas que resultan penosas para algún actor de la comunidad educativa lo son igualmente para él, “pero las condiciones son las que son”. El argumento no convenció a nadie. Quizá el grupo más beligerante fue el PSOE, que afirmó que el decreto supondrá el despido de 40.000 interinos.

Mato recogió el testigo de Wert para defender un tijeretazo de 7.000 millones de euros en un hemiciclo cuya temperatura se elevaba por momentos. Al igual que su compañero de filas, la ministra aseguró que el decreto del 20 de abril garantiza la sostenibilidad y universalidad de la sanidad pública, aunque incluye medidas como el copago farmacéutico para los pensionistas y otras actuaciones para controlar el “turismo sanitario” como la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales (Lakua reiteró ayer que no secundará la medida). Durante el pleno, el representante de ERC exhibió un cartel con la leyenda: Bankia 10.000 millones, Sanitat cero. Los portavoces de la oposición coincidieron en el debate, que se prolongó durante más de tres horas, en que ayer era “un día triste” y “de luto” porque se anula el actual modelo y se excluye a determinados colectivos sociales de la cobertura sanitaria. Asimismo, interpretaron la reforma como “una puerta abierta a la privatización de la Sanidad” y lamentaron que este servicio público pueda convertirse en “un negocio”.