El PP se quedó solo ayer en el Pleno del Congreso a la hora de dar el visto bueno al recorte de 10.000 millones en Educación y Sanidad. Fueron casi ocho horas y media de debate ininterrumpido, en el que no faltó la bronca. El primero en dar la cara por su decreto ley fue el ministro de Educación, José Ignacio Wert. «Son medidas excepcionales para una situación excepcional», defendió. Su plan, con el que se esperan ahorrar 3.000 millones de euros, fue convalidado por 179 votos (los del PP y el de UPN), frente a 135 en contra. El portavoz socialista, Mario Bedera, dijo que se trataba de la mayor agresión a la educación pública de la historia de la democracia.

Una de las medidas más criticadas por la oposición fue la del aumento de ratio de alumnos por clase. Con el decreto ley se permite a las comunidades autónomas que amplíen hasta un 20% el límite máximo de escolares por aula: 25 en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. Además, sobre la jornada lectiva, se fija un mínimo de veinticinco horas para los maestros en Primaria y de veinte horas lectivas para los profesores en el resto de enseñanzas.

De hecho, Wert esbozó lo que pareció una disculpa al asegurar que la reforma la ha hecho con «pesar» ante una situación que, siendo «más difícil de lo previsto», había obligado a incluir en la nueva normativa medidas «más dolorosas» de lo que le hubiera gustado. Además, pidió a los docentes que asuman este endurecimiento en sus condiciones laborales como una contribución al esfuerzo nacional por llegar a la consolidación presupuestaria.

No obstante, el decreto ley de Sanidad fue el que provocó mayor debate en el Pleno – también salió adelante solo con el apoyo de PP y UPN – . La ministra Ana Mato defendió el recorte de 7.000 millones por la deuda de 16.000 millones que acumula el sistema, y que a su juicio lo hacía insostenible de cara al futuro. Las medidas que se aprueban, que incluyen el copago farmacéutico, garantizan, dijo, el actual modelo sanitario.

Temor a la privatización

El portavoz del PSOE en Sanidad llevó varios medicamentos a la tribuna. José Martínez Olmos fue especialmente duro con la ministra, a la que calificó de «incompetente». En un momento de su intervención se vació los bolsillos de fármacos y dijo que eran de María, una pensionista de Guadix, que los necesitaba para vivir y que ahora tendría que pagar 35 euros de su pensión de poco más de 600.

Las críticas al decreto ley de Sanidad se extendieron al resto de los grupos de la oposición, que denunciaron la ausencia de debate y diálogo previo a la aprobación de esa iniciativa por el Gobierno. Gaspar Llamazares, de IU, llegó a subrayar que supone acabar con el sistema nacional de salud.

De hecho, fueron muchas y muy duras las condenas que los populares escucharon en la sala. Los diputados críticos con la política del actual Ejecutivo interpretaron la reforma como «una puerta abierta a la privatización de la Sanidad». En este sentido, lamentaron que este servicio público acabe convirtiéndose en un «negocio». Además, ante el rechazo que suscita entre los profesionales alguna de las medidas recogidas en la nueva regulación, algunos parlamentarios también alertaron de la «insumisión» que llevarán a cabo las organizaciones sanitarias.

Se referían, esencialmente, al hecho de no atender a los inmigrantes ilegales que, según el decreto, no tendrán más remedio que ir a Urgencias si quieren recibir asistencia. El propósito, según la tesis del Gobierno, es evitar el ‘turismo sanitario’. En este sentido, ayer mismo un buen número de médicos vascos anunciaron que se declararán insumisos ya que su profesión les obliga a atender a cualquier ciudadano que lo necesite.