Javier tiene 57 años y trabajaba en el sector de la construcción. Hace dos años y medio se quedó en paro. Ayer, a las seis de la tarde, estaba en la salida de Urgencias del Hospital General de Alicante con una camiseta negra con letras amarillas que decían: «No somos mercancía». Javier era el primer eslabón de la cadena humana que el Movimiento 15M quería enhebrar hasta el edificio Prop de la Generalitat para protestar contra los recortes en la sanidad pública. Los indignados no lograron ese objetivo. Reunieron a entre 200 y 300 personas cuando hubieran hecho falta más de un millar. Pero anduvieron los dos kilómetros que separan ambos lugares y consiguieron así que su mensaje, que se resume en la consigna más coreada («La sanidad ni se compra ni se vende»), pudiera ser escuchado durante todo el recorrido.

Javier había acudido a la convocatoria para «defender la sanidad», para exigir que los usuarios no se vean afectados por las medidas de pretendido ahorro presupuestario. «Aquí han tomado la decisión de privatizar todo con más premura que en otras partes. Los que están gestionando no han dicho la verdad sobre las cuentas. Han mentido mucho», explicaba.

Dos horas después, la última integrante de la cadena humana aporta experiencia y un sólido discurso ideológico a las palabras de su compañero. «Estoy viendo cómo el sistema se está desmoronando igual que un castillo de naipes, cómo la gente va a tener que elegir entre comida o medicina», afirma Pilar González, de 47 años y administrativa del Servei Valencià de la Salut.

Sabe de lo que habla. Cada vez las listas de espera son mayores y hay gente «que llega tarde a una cura». «Nosotros nos sentimos impotentes porque no podemos darle respuesta a lo que piden», lamenta, antes de hacer una defensa cerrada del sistema sanitario español, «que sí es rentable, es el que mejor funciona con menos dinero».

Como ella, otra profesional llegada de La Marina Baixa no solo considera «inhumano» que a los inmigrantes ‘sin papeles’ se les despoje de la tarjeta sanitaria; también ve un problema «de salud pública», un caldo de cultivo para las epidemias.

A las ocho de la tarde, unos 150 indignados abandonaron la concentración en el edificio Prop y se dirigieron hacia la plaza de la Montañeta para leer su manifiesto frente a la Subdelegación del Gobierno.

Las pancartas eran del todo elocuentes. Muchas de ellas tenían un tono informativo más que reivindicativo («Centros de salud cerrados por las tardes» o «11.000 millones de dinero público para Bankia»). Otras se muestran críticas hacia la privatización de la gestión de todos los hospitales valencianos: «Vendidos a las empresas privadas para obtener beneficios».

Según la funcionaria de La Marina Baixa, esa medida va a favorecer a «Mercadona, Bankia o el marido de la Cospedal», pero va a redundar lógicamente en perjuicio de todos los usuarios.

Rita, que lleva veinte años trabajando como auxiliar sanitaria, ahora en el Hospital General de Alicante, ve una «cortina de humo» en las llamadas del Gobierno de Mariano Rajoy a mantener «una actitud tranquila», que esconde simplemente la «privatización de los servicios públicos».

Entre los manifestantes no solo se vieron profesionales de la salud pública o miembros del 15M. Destacaba la figura de la activista Llanos Rodríguez, que llegó a encadenarse junto a su hijo Ulises hace dos años en la torre del Prop para exigir las ayudas de la Ley de la Dependencia. «Da rabia que hayan empezado los recortes por los colectivos más vulnerables como los inmigrantes sin papeles, los enfermos crónicos o los discapacitados, comenta. «Una silla de batería cuesta entre 3.200 y 5.000 euros, los medicamentos contra la osteoporosis salen por 400 euros al mes y mi hijo solo puede comer unos complementos nutricionales con un precio mensual de 900 euros. Todo eso ya no son servicios básicos».