Los inmigrantes sin papeles enfermos de sida o con cáncer tendrán acceso al tratamiento médico a través de las oenegés. Así lo indicó ayer la ministra de Sanidad, Ana Mato, tras la polémica suscitada por la aprobación el pasado 20 de abril del decreto ley que retira la atención médica (salvo a la urgente) a los extranjeros que se encuentran en situación irregular en España. Según Mato, las comunidades autónomas firmarán convenios con organizaciones que atienden a este colectivo para que puedan realizar esta atención, según indicó en una entrevista en RNE.

En la misma línea se manifestó José Ignacio Echániz, responsable de Sanidad del PP, quien indicó que estas asociaciones accederán a la medicación que precisan los enfermos inmigrantes sin papeles, aunque no desveló el trámite, ya que este tratamiento se dispensa en los hospitales.

Esta es la respuesta que da el Gobierno a uno de los temas más polémicos suscitados por el decreto ley de abril, sobre todo entre los profesionales sanitarios, quienes recuerdan que es preciso controlar a los enfermos con sida o tuberculosis, tanto por una cuestión ética como de salud pública.

Y es precisamente por una cuestión de “salud pública” por lo que Catalunya anunció ayer que garantizará la atención sanitaria a este colectivo, como también anunció el País Vasco. Según el conseller Boi Ruiz, “trataremos a los inmigrantes en situación irregular con las mismas condiciones con las que han sido atendidos hasta ahora”. Ruiz defendió la solidaridad del sistema, así como la necesidad de continuar actuando para evitar que se propaguen enfermedades que ya se daban por erradicadas, como la tuberculosis.
En la misma línea se manifestó el presidente del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) y del consejo asesor sanitario del Govern, Miquel Vilardell, quien precisó en declaraciones a RAC1 que los médicos siempre atenderán a un enfermo, y más si se trata de un problema de salud agudo. “Se ha de tener un control de la población que llega porque podemos perder el control de la entrada de las enfermedades, como la tuberculosis”, señaló. “Los médicos resolveremos los problemas sin pedir papeles”, indicó, porque así consta en su juramento hipocrático.

Otra cuestión no aclarada en relación con la solución dada por el ministerio a los enfermos simpapeles es cuál es el presupuesto con que contarán las oenegés para atender sanitariamente a este colectivo, máxime cuando las ayudas públicas al tercer sector han sufrido serios recortes. Ayer mismo, unas 300 oenegés participaron en protestas en las principales ciudades españolas por la “desaparición” del Plan Nacional del Sida y el recorte en las partidas destinadas a erradicar esta enfermedad.

Tampoco consideran razonable esta medida el Consejo General del Trabajo Social (CGTS), ya que “desbordará” los servicios sociales de los ayuntamientos, que gestionan de forma integral la asistencia sanitaria y social”. Y se mostraron contrarios a que estos profesionales tengan que “dirimir entre quien merece la asistencia y quien no”, indicó Daniel Gil, vocal del CGTS. La presidenta, Ana Lima, calificó, además, la situación de paradójica: “El Gobierno prevé reducir casi a la mitad (de 28.858 en el 2011 a 16.593) los puestos de trabajadores sociales municipales, según los presupuestos generales que se están tramitando, mientras que el proyecto de ley prevé recortar un 42,4% el plan concertado con los Ayuntamientos”.

Ana Mato reiteró que la decisión de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles se explica para acabar con los “abusos” y equiparar a España con otros países europeos, donde la sanidad “funciona de esa manera y no pasa nada”. Fuentes del PP defienden que el decreto ley asegurará la viabilidad del sistema sanitario público. Eso sí, reconocen que la gestión sanitaria “terminará siendo privada”.
En la misma línea se manifestó el presidente del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) y del consejo asesor sanitario del Govern, Miquel Vilardell, quien precisó en declaraciones a RAC1 que los médicos siempre atenderán a un enfermo, y más si se trata de un problema de salud agudo. “Se ha de tener un control de la población que llega porque podemos perder el control de la entrada de las enfermedades, como la tuberculosis”, señaló. “Los médicos resolveremos los problemas sin pedir papeles”, indicó, porque así consta en su juramento hipocrático.

Otra cuestión no aclarada en relación con la solución dada por el ministerio a los enfermos simpapeles es cuál es el presupuesto con que contarán las oenegés para atender sanitariamente a este colectivo, máxime cuando las ayudas públicas al tercer sector han sufrido serios recortes. Ayer mismo, unas 300 oenegés participaron en protestas en las principales ciudades españolas por la “desaparición” del Plan Nacional del Sida y el recorte en las partidas destinadas a erradicar esta enfermedad.

Tampoco consideran razonable esta medida el Consejo General del Trabajo Social (CGTS), ya que “desbordará” los servicios sociales de los ayuntamientos, que gestionan de forma integral la asistencia sanitaria y social”. Y se mostraron contrarios a que estos profesionales tengan que “dirimir entre quien merece la asistencia y quien no”, indicó Daniel Gil, vocal del CGTS. La presidenta, Ana Lima, calificó, además, la situación de paradójica: “El Gobierno prevé reducir casi a la mitad (de 28.858 en el 2011 a 16.593) los puestos de trabajadores sociales municipales, según los presupuestos generales que se están tramitando, mientras que el proyecto de ley prevé recortar un 42,4% el plan concertado con los Ayuntamientos”.

Ana Mato reiteró que la decisión de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles se explica para acabar con los “abusos” y equiparar a España con otros países europeos, donde la sanidad “funciona de esa manera y no pasa nada”. Fuentes del PP defienden que el decreto ley asegurará la viabilidad del sistema sanitario público. Eso sí, reconocen que la gestión sanitaria “terminará siendo privada”.