Los inmigrantes irregulares podrán recibir asistencia sanitaria en atención primaria a través de los convenios que firmen las comunidades autónomas con las asociaciones que atienden a este colectivo, según está previsto en el marco del desarrollo reglamentario del decreto de reforma de la sanidad. Así lo dijo ayer la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, quien insistió en que la asistencia sanitaria «está asegurada para todos» y que el objetivo de las medidas aprobadas por el Gobierno es evitar abusos y excesos y «poner un poco de orden» en el sistema sanitario.

Mato aclaró que aquellos inmigrantes ‘sin papeles’ con VIH o enfermos de cáncer también tendrán la asistencia sanitaria «cubierta» a través de convenios entre las comunidades autónomas y organizaciones de apoyo a esta población. Euskadi ya anunció hace días que prestaría atención a todos los inmigrantes ‘sin papeles’, independientemente de lo que se plasmase en el decreto. Ayer fue Cataluña quien se sumó a esta corriente. «Nosotros garantizaremos la salud pública y la atención primaria a todos los inmigrantes. Es ineludible», aseguró la secretaria de la Conselleria de Salud, Roser Fernández.

El Consejo General del Trabajo Social advirtió que en el caso de que las asociaciones en favor de los inmigrantes puedan acordar la atención primaria con las comunidades se acabarán colapsando los servicios sociales municipales. Por ello, la entidad reclamó al Gobierno que se replantee la reforma sanitaria, que considera «abusiva». «¿Cómo van a dirimir si no entre quién merece la asistencia y quién no?», interrogaron.

Protestas en los hospitales

CC OO, UGT, SATSE, SAE y UTESE se concentrarán hoy ante los hospitales públicos de Vitoria, San Sebastián y Bilbao «en defensa de la sanidad pública» y «contra de los recortes» anunciados en este ámbito. Las protestas, que también se celebrarán en otras ciudades del Estado, pretenden denunciar que, «bajo la excusa de la crisis económica y la necesidad de ahorro» se han adoptado decisiones «que afectan a derechos básicos de la ciudadanía».