El salto cualititativo en el discurso antiinmigrante del PP avanzó ayer un paso más. Javier Maroto, alcalde de Gasteiz y vicesecretario general del PP en Álava, dio a conocer en un acto público las líneas maestras de la política social que componen la ponencia que defenderá él mismo en el XIII Congreso del PP de Euskadi. El objetivo es acabar con “la sopa boba” de la que, en su opinión, se han aprovechado los inmigrantes que no han querido “integrarse y trabajar”.

Con estas declaraciones queda clara que el PP vasco ha convertido a los inmigrantes en el chivo expiatorio de la crisis. Hace menos de dos semanas, Antonio Basagoiti dijo que la sanidad pública en Euskadi tiene que ser primero “para los de casa” y la concejal popular del Ayuntamiento de Bilbao Cristina Ruiz ha buzoneado un folleto sobre vivienda de VPO bajo el elocuente encabezado “Primero, los de Bilbao”. SOS Racismo ha remitido la propaganda popular a la Fiscalía por si aprecia un presunto delito de provocación a la discriminación.

El vicesecretario general del PP de Álava explicó que, ante la actual crisis económica, “la línea a seguir tiene que ser primero el empleo y la integración” que debe ser “la puerta de entrada”. En el caso de que esa vía estuviese agotada estaría el desempleo y como tercera vía estarían las ayudas sociales. “El que quiera integrarse y trabajar nos tendrá de su lado, el que no, se le va acabar la sopa boba”, advirtió.

seis medidas La ponencia social que ha elaborado Maroto recoge seis medidas concretas que pasan por la coordinación con la inspección laboral para revisar el modelo de inspectores de trabajo con el objetivo de que los empresarios que contraten personas irregulares tengan sanciones.

La segunda medida tratará de establecer una forma de pago “vigilada” con las prestaciones sociales con la que plantea que “de forma periódica haya presencia física en las ventanillas de la Administración vasca para confirmar que los receptores de ayudas residen en el País Vasco para evitar el fraude en el sistema”.

En tercer lugar, plantea el desarrollo reglamentario de la ley de Renta de Ingresos para que aquellas personas que están cobrando ayudas sociales y que estén en buen estado de salud “contribuyan a la sociedad con trabajos a la comunidad como puede ser la limpieza de la nieve para que devuelvan con su trabajo la solidaridad del sistema”.

En un cuarto punto se recoge que aquellos que rechacen una oferta laboral “pierdan automáticamente las ayudas” mientras que la quinta medida recoge que aquellas personas que cometan delitos no puedan recibir ayudas sociales. En esta línea, ha planteado que se contrasten las fichas de aquellas personas que perciben ayudas sociales con el registro de antecedentes.

Por último, la ponencia recoge que “aquellas personas que alquilen viviendas patera hacinando en ellas a personas para hacer negocio, sean sancionados”.