Bilbao. Al más puro Marine Le Pen, el Partido Popular del País Vasco está lanzado en una espiral populista con la inmigración como acelerante del clima social en este contexto de crisis. Hace una semana, el presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, se despachó en su blog con la sentencia: “Sanidad para todos, pero primero para los de casa”. Y ahora sus correligionarios en el Ayuntamiento de Bilbao han buzoneado 50.000 folletos por la villa bajo lema “Primero, los de Bilbao. Por un sistema justo de adjudicación de vivienda pública”. Con él, dicen defender un nuevo modelo de sorteo de pisos “más justo” que prime la raigambre de los solicitantes, es decir su bilbainismo, frente a otras condiciones. Si la incursión bloguera le valió a Basagoiti un rechazo rotundo y el calificativo de “xenófobo” por parte de distintos colectivos y partidos incluso del PSE-EE, el folleto puede acabar en el juzgado.

SOS Racismo pedirá a la Fiscalía que estudie si el folleto difundido por los populares constituye un delito de provocación a la discriminación y al odio hacia el colectivo inmigrante, según informaron ayer en una nota. En el comunicado, este colectivo recuerda que la semana pasada, la portavoz bilbaina del Partido Popular, Cristina Ruiz, reclamó cambiar el reglamento de Viviendas Municipales sociedad pública que gestiona el parque de viviendas del Ayuntamiento para, según se recoge en la web del PP, “lograr un sistema más justo de adjudicación” para que este “no discrimine a la población de Bilbao por un intento de favorecer al colectivo de inmigrantes como ha ocurrido hasta ahora”. Además, Ruiz anunció que su partido había buzoneado 50.000 copias del folleto, en el que se sostiene que dicho reglamento favorece a los inmigrantes con medidas de discriminación positiva. En el panfleto, los populares también abogan por la adjudicación directa de vivienda protegida a quienes han pasado diez años en lista de espera y por aumentar a cinco años la exigencia de empadronamiento para optar a una VPO.

SOS Racismo considera que el citado panfleto podría constituir un delito de provocación a la discriminación, odio o violencia contra grupos, recogido en el artículo 510 del Código Penal. A su juicio, el folleto “contiene informaciones falsas”, por lo que también podría suponer un delito de difusión de informaciones injuriosas “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”, recogido en el mismo artículo del Código Penal. Según este texto legal, ambos delitos pueden ser castigados con sendas penas de entre uno y tres años de prisión y multa de seis a doce meses. Además, SOS Racismo ha pedido al Ayuntamiento de Bilbao que estudie presentar una querella por este tema y ha reclamado que sea un fiscal especializado en delitos de odio y discriminación quien se haga cargo del caso.

Bizkaiko Sos Arrazakeria ve el riesgo de que en un clima de campaña electoral se falte a la verdad y “se aviven prejuicios con fines electoralistas”. Así mismo reitera la necesidad de un fiscal especializado en delitos de odio y discriminación para poder hacer frente con mayor eficiencia al análisis de situaciones como la denunciada.