La intención del gobierno de Gandia de supervisar los empadronamientos en la ciudad de inmigrantes no comunitarios antes de que se produzcan ha caído como un jarro de agua fría entre asociaciones de extranjeros, sindicatos y partidos políticos.

Desde que el alcalde, Arturo Torró, anunció la medida, este viernes, no han dejado de sucederse reacciones en contra de su propuesta, algunas de ellas tildando la iniciativa del gobierno de Gandia de xenófoba y anticonstitucional.

Durante estos días se han pronunciado diferentes colectivos de inmigrantes. Entre ellos, la asociación Fraternidad Juventud Boliviana. Su secretario, Jaime Pérez, lamentó ayer las intenciones del gobierno de Gandia y aseguró que todo este tipo de decisiones sólo se entienden en clave económica: «Me apena mucho ver cómo niegan algo tan sencillo como el empadronamiento a gente que, en ocasiones, tiene muy poco. Es negar un derecho recogido en la Constitución. Estas cosas hay que pensarlas mucho antes».

Y añadió: «Todo esto se hace para ahorrar dinero, para que no haya gasto en prestaciones sanitarias o educativas».

Por otra parte, desde la Asociación Islámica de la Safor fueron menos cautos y arremetieron con más dureza contra el ejecutivo popular: «Buscaban una exclusiva y la han conseguido. El alcalde tiene la fama que busca, ha salido en las televisiones nacionales».

Tras estas primeras impresiones, varios miembros de este colectivo explicaron que una «ciudad como Gandia tiene que dar asistencia a los inmigrantes en educación y sanidad, con independencia de si tienen o no permiso de trabajo. Si vives en Gandia tienes derecho a estar empadronado», aseguraron.

Desde este colectivo calificaron la medida del gobierno popular como una consecuencia de los «ajustes» a los que se está sometiendo al país y añadieron que antes de tomar cualquier decisión de este tipo hay «que realizar estudios sociales para ver qué impacto pueden tener en la población.

También se mostraron en contra desde la Asociación Midrashic. Deste el colectivo anunciaron que han iniciado una serie de contactos con otras asociaciones «para ver qué medidas tomar», ya que esta propuesta del gobierno no les parece aceptable.

Añadieron que el «empadronamiento es un derecho» y aseguraron que, tras reunirse con otros colectivos y consensuar qué hacer, llevarán a cabo las medidas necesarias para defender los derechos «de todas las personas».

Los sindicatos también anunciaron medidas ante la iniciativa de Gandia. Desde UGT afirmaron que la Constitución «garantiza el derecho a empadronamiento», por lo que si Gandia lo niega, aseguraron, tomarán medidas legales. «Una vez se produzca la decisión estudiaremos qué hacer», indicó Ricard Moncho. El sindicato CGT – PV también mostró su indignación. Sus responsables indicaron que para «cualquier persona que llega al Estado español el empadronamiento es un derecho».

«Constituye la primera fase de su integración social, es el primer paso hacia la regularización administrativa, ya que pueden solicitar un informe de arraigo social, o, en el caso de Gandia realizar cursos de valenciano, escolarizar a sus hijos y obtener asistencia sanitaria, aunque sea de urgencia».

Los partidos políticos fueron los más duros con el gobierno de Gandia. El portavoz del PSPV no dudó en acusar a Torró de xenófobó por asegurar que no se empadronará a inmigrantes que no tengan papeles.

El edil del PSPV afirmó que es lógico que un gobierno quiera conocer quién vive en su ciudad, pero que para eso existe el padrón municipal, pero, añadió, «empadronarse es un derecho de todas las personas que acrediten vivir en Gandia».

Por su parte, desde el Bloc calificaron de «intolerable» que desde el gobierno de Gandia se quiera relacionar inmigración con delincuencia y acusaron a Torró de introducir un discurso «xenófobo. Solicitaron al gobierno que centre sus esfuerzos en cumplir sus promesas, «cosa que no ha hecho un año después».