El Gobierno sigue adelante con su política de austeridad, pero cada vez con más oposición de la sociedad civil. Hasta 20 organizaciones no gubernamentales (ONG) se han unido en una iniciativa sin precedentes para denunciar hoy ante la mismísima ONU los recortes sociales que está llevando a cabo el Ejecutivo.

Estos colectivos denunciarán en Ginebra que «en España no se protegen los derechos sociales» y se aplican «medidas regresivas y discriminatorias», como el reciente paquete de ahorro sanitario.

Entre hoy y mañana, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas examina a España para analizar su grado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que nuestro país ratificó en 1977. La última vez que el Estado español rindió cuentas ante este Comité fue en 2004.

Las ONG se han presentado en esta especie de juicio a las políticas sociales españolas como si fueran la acusación particular. El defensor del Pueblo también irá a Ginebra, pero como si fuera un testigo. El Comité emitirá el próximo día 20 sus recomendaciones, que no son vinculantes, pero sí dejan en evidencia al Estado español que, según fuentes jurídicas, suele tener en cuenta las consideraciones de la ONU.

La queja la ponen colectivos de distinta condición. Hay ONG como Médicos del Mundo, Save the Children, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España o la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Pero también hay colectivos LGTB, como la Fundación Triángulo; asociaciones ciudadanas, como la Fundación Secretariado Gitano, o federaciones de pacientes, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Estos colectivos han aportado dos informes alternativos al documento de defensa gubernamental en los que se pone de manifiesto que España está entre los países de la UE que destinan una menor proporción de sus ingresos al gasto público social o que se encuentra casi el último de la lista (por debajo de Rumanía) en ayudas a las familias. También expresan su «preocupación» con respecto al cumplimiento del Gobierno español del derecho a la salud, a la información, a una vivienda adecuada… Temen, por ejemplo, que «los recortes en el sector de la salud puedan agravar la situación [de crisis económica] y menoscabar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud».

Marta Mendiola, de Amnistía Internacional, advierte que el tijeretazo sanitario puede afectar especialmente a las víctimas de violencia de género, que muchas veces encuentran en la atención primaria la ayuda que necesitan para denunciar el maltrato. También puede crear «inseguridad jurídica» en algunos colectivos «no asegurados», como los sin papeles o los que no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social.

«Distintas fuentes visualizan un retroceso en los derechos sociales en España. Nos preocupa que se impongan la austeridad fiscal y el recorte como las metas primordiales sin tener en cuenta otras obligaciones del Gobierno de proteger los derechos sociales de toda la población. Hay líneas rojas que son fundamentales», resume Ignacio Sáiz, director del Center for Economic and Social Rights, una ONG internacional afincada en Nueva York que ha sido la promotora de esta denuncia.

Sáiz recuerda que esta crisis ha provocado «un incremento alarmante» de la pobreza infantil en España, así como «un aumento de la desigualdad que no se ha visto en otros países» en términos de ingresos.

La abogada Cristina de la Serna, de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, apunta a otro daño colateral: «Hay un discurso xenófobo que se está generalizando más a causa de la crisis». Las ONG van a hablar en Ginebra de los «discursos discriminatorios» que, en su opinión, han pronunciado en las últimas semanas diversos miembros del Gobierno, «que asignaban a los inmigrantes un excesivo uso de los servicios de salud desoyendo los informes que contradicen esta información».