Las circunstancias mandan. Si no hay dinero para sostener la sanidad universal y gratuita, hay que buscar alternativas: o se suben los impuestos o se reordena el sistema. Hay que ser más eficientes, no se pueden repetir exploraciones innecesarias, hay que seleccionar los centros para actos sanitarios complejos, hay que establecer una tarjeta sanitaria común, independientemente de la comunidad autónoma donde se viva, hay que acabar con el turismo sanitario, un fraude que se lleva muchísimo dinero…

De todo eso habla el Real Decreto del Gobierno: ajustar el sistema para que no se rompa. Establecer un nuevo sistema no universal en función de la condición de asegurado es una forma de controlar la inmigración ilegal y de colocar una cortapisa para evitar el abuso que se hace de los servicios sanitarios. Todo el mundo viene a los hospitales españoles y eso no puede ser. Esas facturas no se cobran, bien porque los países comunitarios no las abonan, bien porque se trata de inmigrantes que no aportan a la caja común debido a su situación de irregularidad.

Pero que nadie piense que los enfermos de verdad van a ser abandonados. Veremos el desarollo final del Real Decreto, pero los enfermos reales acudirán a Urgencias y los graves que requieran tratamiento especializado lo tendrán. La clave será abolir los abusos. No los podemos permitir ni pagar.