El 24 de abril, cuando el Rey firmó en el BOE el Real Decreto-Ley para la sostenibilidad del sistema de salud, los sin papeles empezaron a saber que el 31 de agosto de 2012 desaparecerán del abrigo de la atención primaria y especializada. Y, aunque sea verano, hará mucho frío.

Andalucía y el País Vasco van a recurrir el Real Decreto al Constitucional. Y el Consejo General de la Abogacía clama contra la «vulneración del derecho humano a la salud».

Jueces, abogados y sanitarios hablan hoy en EL MUNDO de «afectación de derechos consagrados en la Constitución», «violación de tratados internacionales», «abandono de un sistema de atención universal», «inseguridad jurídica», «estigmatización del inmigrante», «falso ahorro», médicos espías», «mal control de las enfermedades»… Y de «muerte».

El profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, José Sánchez Tomás, dice que la Constitución permite al Gobierno hacer decretos-ley «siempre que no afecten a los derechos regulados en el Título I». El artículo 43 de la Constitución, que está en el Título I, señala que el Gobierno deberá «organizar y tutelar la salud pública». «Así, esta materia, en principio, quedaría excluida del Decreto-Ley», valora. Este miembro del Grupo Inmigración y Sistema Penal cree que «el nuevo sistema de asistencia vinculado al concepto de asegurado afecta, verbo que usa la Constitución, a la protección de la salud».

Y la universalidad de la asistencia no es un capricho español. Sánchez evoca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Social Europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. «Esa Carta, de obligatoria aplicación en España, consagra la universalidad y, por tanto, proscribe una prestación vinculada sólo a la Seguridad Social. El nuevo sistema español es eventualmente contrario al Ordenamiento de la UE». Y a la Constitución: «La exclusión de la asistencia normalizada de los extranjeros irregulares diferenciada de los nacionales y extranjeros regulados sería contraria al artículo 14».

El juez del Supremo Andrés Martínez Arrieta piensa que el Real Decreto «vulnera un derecho fundamental: el de la salud». Sostiene que los gobiernos «no pueden romper un derecho en nombre de la reorganización de la gestión» y alberga dudas constitucionales: «No son tontos y no citan expresamente que retiran la asistencia. Pero, bajo el señuelo de la gestión, el resultado será la no atención a algunos colectivos. Crea inseguridad jurídica y eso, en salud, no se puede». El juez ve el futuro de los sanitarios: «Si la atención depende de la situación administrativa, los médicos se convertirán en espías».

Santiago Izco, un médico con experiencia en africanos de África y africanos de España, no husmeará tras las paredes: «Atenderé a cualquier persona. La asistencia es un derecho de todos. Que pase de universal a ser para los asegurados es perverso». Para Izco, habrá una «estigmatización del inmigrante sin tarjeta sanitaria» y un «daño a españoles: los que trabajan en negro, los que no se apuntaron al Inem porque hicieron cursos en el extranjero, los que no fueron dados de alta…».

En este sentido, el Gobierno ha desmentido que los españoles sin filiación a la Seguridad Social vayan a quedarse fuera del sistema y ha asegurado que recibirán la misma asistencia que los demás nacionales y extranjeros regularizados.

Aun así, Izco teme algo: «Las enfermedades crónicas y la falta de detección precoz impedirán derivaciones al especialista. Habrá muertos».

La abogada de Entreculturas y experta en extranjería Cristina Manzanedo estima que los tratados internacionales y la Constitución fijan la salud como «un derecho humano independiente de la situación administrativa». «El Real Decreto compartimentaliza el acceso a la salud. Es decir, da distintos derechos según los distintos grupos a los que pertenezcamos». Cree que «vacía de contenido el artículo 12 de la Ley de Extranjería» y toca una norma de rango superior, «lo que quiebra el que las leyes orgánicas no pueden ser modificadas por acuerdos ministeriales». La letrada aplaude el control del turismo sanitario de los comunitarios. «Pero el Gobierno ha matado moscas a cañonazos, dañando a los más débiles, los que no tienen alternativa de asistencia. El turismo sanitario es un fraude, el acceso a la salud no».

Sara Collantes, jurista y autora de informes sobre la asistencia a los inmigrantes en Europa, muestra que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala la «obligación» de los Estados de «abstenerse de denegar o limitar el acceso igual» de las personas a los servicios de salud, «incluidos los inmigrantes ilegales». «España viola las obligaciones jurídicas de todos los tratados que ha ratificado. Con la nueva norma nos alejamos de los países que menos discriminan, Francia, Italia o Bélgica, y nos acercamos a los que tienen posiciones más injustificadas, Alemania, Suecia o Reino Unido». La jurista recuerda que éstos son repetidamente amonestados por la ONU y la UE, y cita al Parlamento Europeo, que en 2011 pidió a los Estados que «aseguren que los grupos más vulnerables, incluidos los inmigrantes indocumentados, tengan derecho a un acceso equitativo a la atención sanitaria».

La coordinadora del Área Jurídica de Pueblos Unidos, Alexandra Vásquez, opina que el Real Decreto es un «instrumento rápido» para «excluir». Cree que «elimina y viola el derecho humano a la salud» y cita siete textos internacionales ratificados por España. Como la Conferencia Mundial de DDHH: «Los Estados tienen el deber, sean cuales sean sus sistemas políticos o económicos, de proteger todos los derechos fundamentales». Con el Real Decreto, «el Estado de Derecho se resquebraja».

El médico Luis Gimeno, profesor de la Universidad de Zaragoza, hace cuentas. «El mal control de las enfermedades precisará hospitalizaciones, o sea, mayor gasto. Se ahorrará muy poco y se excluirá a personas que trabajan aquí». Y cita informes que miden que los inmigrantes usan menos la sanidad que los españoles.

También lo cree Ignacio Moreta, médico de familia en Madrid, que se curtió en la atención a los sin papeles cuando ni siquiera se llamaban así. «Les atendíamos en secreto porque no se atrevían a ir al médico. Les dábamos medicinas de las muestras gratuitas o tirábamos de Cruz Roja. Me da miedo que volvamos a eso».

La hermana de Ignacio, Brígida, es una comadrona que pasó 30 años en África y hoy vive en el Proyecto Rapa con 25 chavales que tienen más hambre que papeles. El otro día, al llegar a casa, se encontró a Cassum con fiebre y encogido en un rincón.

- Cassum, tienes mucha fiebre. ¿Qué haces ahí? Vamos al médico.

- Yo no voy, porque los negros no tenemos derecho. Lo he oído en la televisión, nuestro derecho es morirnos para que viváis vosotros.