EL Gobierno Vasco recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) los recortes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy al entender que dichas medidas incurren en una invasión de las competencias vascas. El lehendakari, Patxi López, recogió el guante lanzado la víspera por el Parlamento instándole a defender el autogobierno para hacer frente a la ya indisimulable estrategia recentralizadora del PP con la excusa de la crisis y la fuerza del rodillo de su mayoría absoluta. El recurso de inconstitucionalidad se dirigirá, principalmente, a los recortes que en el campo de la sanidad y la educación ha impuesto el Gobierno popular vía real decreto con el objetivo declarado de cumplir con el déficit fiscal comprometido ante Bruselas. Estas medidas, para las que se solicitará la suspensión cautelar de su aplicación, tratan del copago de los medicamentos, la exclusión del servicio público de salud de los inmigrantes sin documentación, las tasas universitarias o los nuevos ratios de profesores por alumnos, entre otras. Sin embargo, conviene no llamarse a engaño. Vistos los precedentes, la vía judicial no se resolverá, probablemente, en años y cuando lo haga su eficacia real será nula dado el tiempo transcurrido. Por eso, la judicialización de las relaciones con la administración española no parece suficiente cobertura ante su ofensiva recentralizadora, ni podrá servir al lehendakari de excusa mientras cumple resignadamente con lo que le dicta el Gobierno del PP. Conviene no olvidar lo que dijo hace dos semanas, en el sentido de que su gobierno no será “insumiso” a las medidas del Ejecutivo central. Y es que López no olvida quién sostiene su gobierno ni sus amenazas ante las tentaciones desafiantes que pudiera albergar para defender las competencias vascas. El lehendakari, que hoy cumple su tercer año de mandato, se encuentra en la paradoja de un doble objetivo contradictorio: por una parte, agotar la legislatura, y por la otra, enfrentarse al Gobierno de Rajoy. Sin embargo, las dos cosas no pueden ser, por lo que convendrá seguir muy de cerca los pasos del lehendakari en lo tocante a este asunto de la defensa de las competencias, no sea que, en el fondo, se trate de una escenificación calculada con su socio constitucionalista.