Euskadi será la primera autonomía que recurra ante el Tribunal Constitucional los recortes en Sanidad y Educación. Probablemente no lo hagan muchas más, ya que la mayoría están en manos del PP, y la situación empieza a ser comprometida para los populares vascos. Antonio Basagoiti tendría ahora mismo grandes dificultades para explicar a sus compañeros del resto del país por qué sostiene a un lehendakari que se ha convertido en uno de los principales azotes de la política económica de Rajoy.

Patxi López, lejos de atender las advertencias de sus socios preferentes y sostén indispensable del Ejecutivo socialista, sigue elevando el tono de sus críticas a los ajustes. Ayer lo hizo en el pleno de control al Gobierno del Parlamento vasco, donde anunció que Euskadi «no aplicará» los decretos que no sean de obligado cumplimento, y «en breve» recurrirá ante el Constitucional aquellos que sí lo sean y que «entran de lleno en el núcleo central de nuestra capacidad para organizar los servicios públicos».

El jefe del Ejecutivo vasco acusó a Mariano Rajoy de hacer «un uso espurio de la normativa básica para, en la práctica, mutilar el modelo de autogobierno». «Pretenden convertir en normativa de obligado cumplimiento lo que nunca lo había sido», insistió. López recriminó también al Gobierno central que no haya contado «para nada» con las comunidades autónomas a la hora de plantear sus medidas, y que obviara las «especificidades» financieras de Euskadi y Navarra.

Además del conflicto competencial, el lehendakari esgrimió una cuestión de «principios» para justificar un recurso de inconstitucionalidad que cuenta, desde anteayer, con el aval del Parlamento vasco. Según Patxi López, la ampliación del copago a los pensionistas o la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares «rompen el principio básico de igualdad y universalidad» en el acceso a servicios esenciales. A su juicio, exigir una «declaración de pobreza» a las personas que no coticen es una «humillación» y las convierte en «mendigos de la Sanidad». Lo mismo con los inmigrantes . López acusó a los populares de caminar «hacia el abismo» al «culparles» de que los servicios públicos no sean sostenibles.

«Portavoz de Rubalcaba»

«No es cuestión de racismo ni xenofobia, se habla sólo de derechos y obligaciones; de cotizar o no cotizar», replicó Antonio Basagoiti, que subrayó lo ilógico, a su entender, de que cerca de 30.000 vascos carezcan de tarjeta sanitaria por ser autónomos o participar en sistemas especiales de cotización y, en cambio, se pretenda que los inmigrantes irregulares sí dispongan de ella. Por lo demás, el líder del PP vasco reiteró sus reproches a López por «optar por el partidismo y por hacer oposición al Gobierno de España»; por «actuar de portavoz del señor Rubalcaba» en lugar de «ejercer de lehendakari». Justo la actitud que el PP viene criticando desde hace semanas y que, según una amenaza hasta ahora no llevada a efecto, sería capaz de finiquitar un acuerdo que, hace hoy justo tres años, propició la investidura de López.

El anuncio del recurso de inconstitucionalidad tuvo un amplio eco en el resto del país, sobre todo entre los populares. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió que las normas son «bastante claras» respecto a las competencias del Ejecutivo central y que, en todo caso, quien no aplique los recortes deberá explicar cómo va a cumplir los objetivos de déficit. Por su parte, el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, vaticinó que el recurso «no tendrá recorrido». Otros dirigentes del PP, como Javier Arenas, Rafael Hernando o Esther Martínez, criticaron la decisión del Ejecutivo vasco. La mayoría insistieron en que, si no fuera por la herencia socialista, no habrían sido necesarios recortes de este calibre.