Eliminar el derecho a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras sin autorización de residencia en España, limitándolo a las urgencias como establece el decreto de la reforma sanitaria, “pone en peligro su derecho a la vida y desprecia su dignidad humana”, denuncia la Plataforma d’entitats Cristianes amb els Immigrants en un comunicado en el que firman entidades como Cáritas, Fundació Escola Cristiana, Justícia i Pau o Unió de Religiosos de Catalunya (URC) y en el que piden al Gobierno que rectifique.

“Desde nuestro punto de vista, esta medida, de dudosa constitucionalidad, representa una grave e inaceptable involución en materia de derechos humanos, al restringir gravemente el derecho a la protección de la salud y a la asistencia médica de las personas afectadas”, un derecho reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos, denuncian las entidades. Esta restricción de un derecho básico provocará, a su juicio, inseguridad y exclusión social en estos colectivos, que se añadirá a “la creciente precariedad que ya padecen, enviando un mensaje populista y muy peligroso de estigmatización de los extranjeros”.

Las entidades de la plataforma creen que reducir el déficit público no puede justificar esta medida porque, entre otras cosas, es un ahorro mínimo. “Al contrario, es más que probable que no prestarles la asistencia oportuna genere luego un coste superior, cuando muchas patologías acaben en enfermedad grave”.

Sobre los fraudes y el turismo sanitario, la plataforma defiende medidas para evitarlos en lugar de la eliminación de la asistencia a todo un colectivo.

“Esta medida se integra en una tendencia preocupante de políticas que, en el actual contexto de crisis económica, perjudican especialmente a los colectivos sociales más vulnerables”, afirman. Y debilitan de forma alarmante el Estado de bienestar, un modelo de Estado que es “una conquista irrenunciable de justicia social que Europa debería mantener y reivindicar como modelo de referencia global”.

Para lograr la reducción del déficit sin negar la asistencia sanitaria a quien la necesite, las entidades religiosas proponen “la disminución del enorme gasto militar español, la lucha activa contra todas las formas de corrupción, de abuso de los servicios públicos y de fraude fiscal”, y un reparto más equitativo de las cargas públicas en función de los niveles de renta.