La Plataforma de Entidades Cristianas con los Inmigrantes ha pedido al Gobierno que rectifique en su decisión de no conceder prestaciones sanitarias a los inmigrantes ilegales en nuestro país. Dicha asociación, integrada por treinta entidades, entre ellas Cáritas, ha elaborado un manifiesto en el que reivindica una asistencia médica para «todas las personas que lo necesiten», según inform Efe.

Los colectivos consideran «una grave e inaceptable involución en materia de derechos humanos» que nuestra Sanidad solo ayude al inmigrante ilegal en situación de urgencia o de embarazo, y han recordado que la asistencia médica es un derecho universal sin distinciones. En este sentido, también han señalado el riesgo que puede suponer para una sociedad el establecimiento de una Sanidad segmentada, que podría poner el peligro el «derecho a la vida». «Es un desprecio a su dignidad humana», han concluido.
«Estigmatización de los extranjeros»

La plataforma cristiana también ha alertado sobre el posible «factor de inseguridad y de exclusión social» que la medida del Gobierno podría suponer para las personas en situación ilegal, algo que, según ellos, «se añade a la creciente precariedad que ya sufren, enviando un mensaje populista y muy peligroso de estigmatización de los extranjeros».

¿Endurecimiento necesario?
Á. c. MADRID
El Gobierno aprobó el pasado mes de abril un Real Decreto Ley por el que se exige a los inmigrantes una serie de requisitos para gozar de los beneficios de la Sanidad española, entre los que se incluye una obligación de cotizar a la Seguridad Social. A tal efecto, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció que se modificaría la Ley de Extranjería, entre otras cosas, para poner coto al uso «ilegal e indebido» que hacen parte de los extranjeros de los servicios de nuestro país. Aquí se engloba el llamado «turismo sanitario fraudulento» y, por otro lado, los inmigrantes sin papeles.
Mientras que la Plataforma de Entidades Cristianas con los Inmigrantes considera que esta medida «no se puede justificar por la intención de reducir el déficit público», ya que, según ella, «el ahorro económico que representa en el conjunto del presupuesto sanitario es mínimo», la ministra de Sanidad cree que las medidas sobre los extranjeros logrará un ahorro de cerca de 1.000 millones de euros.