Hay gotas y gotas. La de ayer llenó el vaso más de la cuenta. La relación entre el PSE y su socio de gobierno, el PP, empieza a ahogar a la pareja. El debate celebrado ayer en el Parlamento vasco sobre la aplicación de los recortes promulgados por el Gobierno de Mariano Rajoy rebasó una nueva línea roja; el PSE, junto al PNV y el resto de formaciones nacionalistas, apoyó que el Gobierno vasco presente un recurso de inconstitucionalidad contra los decretos del Ejecutivo popular y pida su suspensión cautelar mientras resuelve al respecto. Por si fuera poco, los socialistas advirtieron al PP de que, en aras de proteger el Estado de Bienestar y el autogobierno vasco, harán «todo lo que esté en su mano» para que los recortes en sanidad y educación no se apliquen.

Un órdago en toda regla en forma de enmienda transaccional pactada por PSE, PNV y Ezker Anitza contra su socio de gobierno que, por ahora, no provocará una ruptura del acuerdo de bases que mantiene al Gobierno de López, pero que sí rebaja de manera notable la sintonía con la que se firmó hace ahora tres años. El portavoz económico del PP, Antón Damborenea, subrayó que, pese a las diferencias, sus «compromisos», continúan en vigor. Acto seguido, advirtió al PSE de que su apoyo es sólo «para que gobiernen aquí, no para que hagan oposición allí». Y puntualizó: «Por lo tanto, se lo reiteramos: gobiernen aquí».

Las diferencias económicas entre las dos formaciones han sido constantes. Ayer, sin embargo, los términos con los que unos y otros se despacharon desde la tribuna de la Cámara alcanzaron niveles de quiebra. El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, calificó las medidas de ajuste del PP como una «agresión sin precedentes», «antidemocráticas» y de legalidad «bastante dudosa». Para el