Con la mirada fija en la entrada de la sala de vistas y sin pronunciar una sola palabra, los senegaleses que en julio de 2010 recibieron una brutal paliza a manos de seis jóvenes en Lantarón esperaban ayer inmóviles el comienzo del juicio que pondrá punto y final a la pesadilla que les persigue desde aquél día. En el mismo pasillo y a pocos metros, tres de sus agresores – los dos menores de edad participantes en la trifulca ya fueron condenados por el Juzgado de Menores a finales de 2011 y el cuarto citado no se presentó al proceso – aguardaban la apertura de la sala en idéntico mutismo.

Pese a que las tres partes de la acusación – el abogado de las víctimas, Gorka Acha, un letrado del Gobierno vasco y la Fiscalía – iban a reclamar, por separado, desde multas por faltas de lesiones hasta el arresto domiciliario de dos de ellos, no habían acudido con un representante legal.

Sobre ellos pesa la acusación de haber rajado las ruedas del coche de sus cuatro víctimas la tarde del 14 de julio y haberles esperado a la salida del trabajo. Según testigos presenciales, junto a los dos menores ya condenados intentaron atropellar con sus vehículos a los cuatro senegaleses y, tras esto, dos de los citados en el juicio de ayer les propinaron una brutal paliza con dos bates de béisbol que llevó a uno de ellos a la UCI del hospital de Miranda de Ebro.

El detonante de la agresión se había gestado a la mañana, cuando J.S., de 21 años, fue despedido junto a su padre de la fábrica en la que todos ellos trabajaban por un altercado de tinte racista protagonizado por el joven. «¡Voy a matar a esos negros!», amenazó entonces.

Pese a estas evidencias, frente a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria «han negado que los hechos sucedieran tal y como se recoge en los testimonios de los atestados policiales y que se reconocieron en el anterior juicio en el que se condenó a los dos menores implicados», explicó a EL CORREO Acha. Una estrategia que no les libró de la petición por parte de la Fiscalía de una multa de 6 euros durante cuarenta días a los dos principales agresores – a los otros dos, que se quedaron en el coche, les reclamó menos días – teniendo en cuenta el agravante de racismo. Una cantidad económica que el letrado del Gobierno vasco elevó a 50 euros por día en su reclamación.

Retirada del carné

Pero el abogado Gorka Acha expuso unas reclamaciones muy distintas. Para J.S. y su hermano, que participaron directamente en la agresión, pidió 24 y 12 días de arresto domiciliario a cumplir los fines de semana. Para el conductor del vehículo, que además arrolló a uno de los senegaleses, pidió bien la retirada del carné de conducir durante un año en base a la legislación o la imposición de una multa.

Para su acompañante, que tampoco se bajó del vehículo, el letrado requirió también una sanción económica, pese a que el Ministerio Fiscal ha solicitado su absolución.

En base a esto, y tras el testimonio de las víctimas, «los acusados reconocieron en el turno de última palabra algunos hechos y negaron otros», expuso Gorka Acha. De esta forma, el caso quedó ayer visto para sentencia.