Nueve de cada 10 inmigrantes sin papeles que ingresan por tierra en la Unión Europea lo hace a través de Grecia. La preocupación de Bruselas ante la permeabilidad helena es cada vez mayor: «La frontera entre Grecia y Turquía no está controlada, no es segura», aseguró hace unos días el francés Nicolas Sarkozy, en su enésima referencia a la política de extranjería de la UE durante su campaña en la carrera al Elíseo.

Esa línea roja entre los dos países que separan Europa de Asia, «el colador» en palabras del candidato a la Presidencia gala, es lo que más preocupa. Según el Observatorio de Derechos Humanos, hasta 56.000 sin papeles ingresan al año en Grecia por los 206 kilómetros de frontera. La línea bordea el río Evros y sólo unos escasos 12,5 kilómetros son tierra firme, el principal punto de filtración.

La respuesta del Gobierno heleno a la presión de sus socios comunitarios y de sus ciudadanos, cada vez más preocupados por el masivo ingreso de inmigrantes, ha sido la construcción de 30 centros de detención y un muro que cubra esos 12,5 kilómetros claves. Foco de las críticas de asociaciones proderechos humanos, el muro constará de dos vallas paralelas de 2,5 a tres metros de altura, coronadas por alambre y vigiladas por 24 cámaras de seguridad. El complejo contará también con un moderno centro de operaciones para la vigilancia fronteriza.

La barrera, cuya finalización está prevista para agosto, costará a las castigadas arcas griegas unos tres millones de euros, cinco si se tienen en cuenta fuentes anónimas citadas por medios griegos.

La Unión Europea ya ha asegurado que no aportará ni un euro a la construcción del muro: «No lo consideramos como una prioridad. Es un proyecto nacional», subrayó Cecilia Malmstrom, la comisaria comunitaria de Interior, desmarcándose del controvertido paredón. Su homónimo griego, Michalis Chrisochoidis, defendió el proyecto ante las autoridades europeas el pasado abril. El objetivo, dijo, es dar una solución «temporal» pero de gran calado «simbólico» para advertir a las redes criminales que su país «no será más la entrada a Europa de inmigrantes ilegales».

La Unión Europea ha destinado a Grecia unos 250 millones de euros en los últimos meses con el objetivo de regular el tráfico migratorio en su territorio, a pesar de que el muro no será alzado con ese dinero. Donde sí se invertirá es en la construcción de los 30 centros de detención programados por el Gobierno griego para este año, con un coste total de 330 millones. Servirán como «lugares de paso temporal» para los sin papeles en proceso de deportación. El primero abrió sus puertas el pasado lunes, en la localidad de Amydgaleza, al norte de Atenas, entre fuertes protestas de los vecinos por temor a su seguridad. Cada uno tendrá capacidad para albergar unos mil inmigrantes.

Un 61,7% de los griegos se ha mostrado a favor de estos centros, según una encuesta oficial. Inspectores de la Alta Comisión de Naciones Unidas para los Refugiados también han dado su visto bueno, pero están preocupados por el procedimiento, criterio y condiciones del arresto de los sin papeles.