a Plataforma por el Derecho a la Renta Básica en Navarra ha aportado a la Defensora del Pueblo Estatal argumentos de “peso” para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley foral que regula la nueva renta básica.

pamplona. La coordinadora, integrada por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Axola, SOS Racismo, Hormiga Atómica y Plataforma de Derechos y Papeles Denontzat, plantea fundamentalmente dos cuestiones que colisionan con los preceptos constitucionales: que excluye a personas inmigrantes sin papeles (condiciona el acceso a la prestación de la renta de inclusión social a “residir legalmente en territorio español”) y la retroactividad de la ley (las solicitudes que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la ley foral se resolverán conforme a lo dispuesto en la misma). En concreto, la normativa foral contradice, indican, el artículo 14.3 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en el Estado y su integración social (derecho a la Seguridad Social y a los Servicios Sociales), por lo que se establece que “los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas”. A su vez, destacan que la renta básica garantizaba unos ingresos mínimos a familias en situación de pobreza como “prestación garantizada, exigible ante la Administración pública”. La nueva ley establece a su vez dos itinerarios, uno de ellos para personas en situación de exclusión social como prestación básica y garantizada, por lo que “no puede restringir los derechos de las personas extranjeras en situación no regularizada, ya que sería inconstitucional”. Resaltan también que la ley entró en vigor el pasado 4 de febrero, sin embargo el volumen de solicitudes es muy alto por el retraso en valoraciones que se remonta a septiembre de 2011. “Sin embargo, el inicio del procedimiento administrativo de todas estas solicitudes atrasadas debe estar basado en la legislación comunitaria y estatal existente con anterioridad a la aprobación y publicación de esta ley”, señalan. Se remiten así a la ley de 1992 de procedimiento administrativo o la ley foral de Servicios Sociales de 2006, entre otras. Representantes de la plataforma informaron ayer de la queja presentada en Madrid al Defensor del Pueblo de Navarra, a la que solicitan que elabore un estudio de la incidencia que está teniendo la aplicación de esta ley sobre la población afectada, especialmente sobre los menores de edad. “Debemos continuar denunciando esta nueva ley nacida desde el disenso social que solo responde a criterios economicistas y xenófobos, que no hace sino aumentar aún más la brecha social, condenando a la exclusión y a la clandestinidad a miles de personas”, remarcan. Asimismo, invitan a todas las personas que quieren participar en las charlas los primeros lunes de mes (Hormiga Atómica).

Carlos, de la Asamblea de Parados de Navarra y con problemas de salud, aseguraba ayer que “a mí y a mi hijo se nos está llevando a la miseria, y como mi caso sé que hay muchos”. Con un hijo de 17 años a su cargo, se le ha denegado el cobro de la renta y, al verse obligado a vivir a casa de su madre, de 80 años, se completa su limitada pensión con 160 euros para la nueva “unidad familiar” con seis meses de retraso. No puede alquilar un piso pequeño para “dos hombres”, y reclama que la solicitud tenga en cuenta la anterior regulación.