¿EXISTE en España el llamado turismo sanitario? Pues sí que existe, y para la Sanidad pública suponen una carga económica muy importante los millones de visitantes que nuestro país recibe anualmente en las zonas turísticas, así como la considerable población flotante extranjera que reside en nuestro territorio y tiene derecho a recibir asistencia sanitaria gratuita.

¿Y por qué ocurre esto? En España, gracias a un modelo sanitario loado a nivel mundial por la alta cualificación de nuestros profesionales y la calidad de las instalaciones sanitarias, gran parte de esta atención es gratuita, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Así, no es raro que muchos de los alemanes, ingleses, belgas, holandeses, etc., que vienen a nuestro país a disfrutar del clima benigno que tenemos y de un excelente servicio de ocio y restauración sufran, repentinamente, una sospechosa indisposición por la que necesiten ser operados, por ejemplo, de implante de cadera, marcapasos, etc. Tratamientos que en algunos de sus países de origen son más caros o su Seguridad Social no cubre, y que en España, merced a los convenios en materia sanitaria firmados entre todos los países de la UE, se realizan de forma gratuita para los pacientes.

El problema del turismo sanitario no es nuevo, sino algo que se ha venido y se viene abusando por ser una asistencia sanitaria de calidad y gratuita mal usada por parte de algunos extranjeros, tanto europeos como de otros países sin derecho a tarjeta sanitaria, hasta el extremo de costar a las arcas públicas españolas casi mil millones de euros. Algo insoportable y más en la actual situación económica que atraviesa España.

Pero aún hay más. Algunos extranjeros abusadores se empadronan en España, obtienen la tarjeta sanitaria que les corresponde, la convierten en tarjeta europea, hacen uso de la Sanidad española, retornan a su país de origen y la factura que correspondería abonar a ese país la pagamos en España. Incluso hay inmigrantes de otros continentes que se traen a toda su familia para que reciban atención médica en nuestro país.

Como hemos visto, el coste para España del llamado turismo sanitario es desmesurado e insoportable. Gasto que se podría haber evitado si el anterior gobierno socialista hubiera tenido en cuenta de forma correcta la Directiva Europea sobre movilidad de los ciudadanos entre los distintos Estados de la UE.

Efectivamente, en el Real Decreto 240/2007, que recoge la Directiva Europea 2004/38, el entonces Gobierno socialista omitió el contenido del artículo 7 que figura en dicha norma, el cual establece una clara garantía para impedir lo que está sucediendo en España hasta ahora: que los ciudadanos de unos países abusen del sistema asistencial de otros Estados. En concreto, este artículo establece que todo ciudadano de la UE tiene derecho de residencia en otro Estado miembro durante más de tres meses, si es trabajador por cuenta ajena o propia en el Estado de acogida, o bien “dispone para sí y los miembros de su familia de los recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida”. Así pues, al no haberse recogido en nuestra legislación el artículo 7 de la ya cita Directiva Europea, por la cual no se da derecho a las personas a entrar, permanecer o residir en un Estado miembro con el fin de recibir asistencia sanitaria en dicho Estado, el Gobierno español no puede facturar los servicios sanitarios prestados a cientos de miles de ciudadanos extranjeros que anualmente acuden a España en calidad de turistas, o residen ocasionalmente en territorio español y hacen uso de la sanidad española, simplemente, con empadronarse en algún municipio español.

Para poner fin a estos abusos, el Gobierno del PP ha aprobado el Real Decreto – Ley 16/2012, de tal manera que solo tendrán derecho a recibir asistencia sanitaria, como cualquier otro español, aquellas personas extranjeras que tengan su residencia fiscal en España, trabajen aquí y paguen sus impuestos como nosotros.

Los inmigrantes indocumentados solo tendrán derecho a la asistencia sanitaria de urgencia y las mujeres serán asistidas en el embarazo, parto y postparto. Es decir, las mismas atenciones que dispensan en otros países de la UE y exactamente lo mismo que nos hacen a nosotros cuando vamos a otros países europeos sin la tarjeta sanitaria europea.