Hace dos décadas los inmigrantes sin papeles eran retenidos en las caballerizas de la Policía. Hoy existen nueve centros de internamiento de extranjeros (CIE) en España, pendientes de regulación por ley desde hace ya dos años. Tras las quejas del Defensor del Pueblo y de varias ONG, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, visita hoy el CIE de Barcelona donde tiene previsto adelantar las líneas maestras del futuro reglamento. El borrador consagra el carácter policial de los centros, pese a que éstos no tienen sobre el papel carácter penitenciario. Se apuesta por el eufemístico nombre de «centros de estancia controlada de extranjeros», sin cambiar el modelo de funcionamiento, que está en la base de las denuncias.

El año pasado hubo 13.241 extranjeros internados en los CIE, pero solo se pudo expulsar a la mitad; el resto quedó en libertad. El objetivo principal de estas instalaciones es garantizar la repatriación de las personas ingresadas —tanto las que están ya en España como las que acaban de intentarlo de forma irregular; junto a ellas conviven condenados pendientes de expulsión.

Según fuentes de Interior, el 80 por ciento de los internos tienen antecedentes; aun así, no son expulsados. Curiosamente, el presupuesto para expulsiones de 2012 es de 125 millones de euros, la partida más importante «dedicada» a la inmigración.

«Muchas veces hemos echado en falta los derechos de las cárceles», señalaba recientemente en unas jornadas del Consejo General de la Abogacía española Marcelo Belgrano, coordinador del servicio de orientación jurídica de Extranjería del Colegio de Abogados de Madrid, quien denunció que en los CIE se mezclan extranjeros sin papeles con delincuentes y que la media de los internamientos es de veinte días, mínimo, aunque se llegan a agotar los 60 que amplió el Gobierno socialista.

«Los internamientos no van a durar ni medio minuto más de lo necesario. Las instrucciones están dadas», explicó en esas jornadas el comisario general de Extranjería, Emilio Baos, quien incidió en que «no hay ningún interés en una persecución expresa de “sin papeles”», en referencia a las identificaciones masivas de extranjeros, cuyo cese, dijo, se ha ordenado ya.