Donostia. Lanbide informó ayer de que va a suspender en mayo la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación de Vivienda (PCV) a 2.031 perceptores “por estar ilocalizables”. Este anuncio no gustó a los distintos sectores que trabajan en el ámbito de la exclusión social, colectivos que volvieron a criticar ayer al Gobierno Vasco por “criminalizar” a los perceptores de prestaciones sociales bajo el paraguas del “fraude”. De igual modo se expresó también la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, quien pidió a la consejería de Empleo y Asuntos Sociales que dirige Gemma Zabaleta que “deje de incriminar” a los que reciben este tipo de ayudas.

Según el proceso que relató ayer Zabaleta para justificar esta decisión, cuando Lanbide se hizo cargo de la gestión íntegra de la RGI y la PCV, “bajo el objetivo de vincular a los perceptores a la activación laboral, con la excepción de los jubilados”, inició un proceso de control. Para ello, envió una carta a las 56.000 personas que en la CAV recibían mensualmente estas ayudas para que se personasen en las oficinas de empleo con el objetivo de comprobar que cumplían los requisitos, endurecidos tras la aprobación de la nueva normativa – por ejemplo, en lugar de un año de empadronamiento en la CAV se exigen ahora tres – .

Pero el servicio postal devolvió 7.006 epístolas porque los remitentes no vivían en las direcciones que aparecían en los expedientes transferidos por las diputaciones a Lanbide.

Ante esta situación, Lanbide realizó un llamamiento a través de los medios de comunicación, que secundaron 3.000 perceptores. Al resto, se le volvió a remitir una carta, “instándoles a acudir a una oficina”, según explicaron, “para corregir su situación anómala y tramitar una posible actualización de su residencia habitual”.

Son las 2.031 personas que no respondieron a este segundo envío las que dejarán de cobrar las ayudas en mayo. Aunque se trata de una suspensión cautelar, Lanbide iniciará seguidamente la incoación de un expediente de suspensión definitiva para cada uno de estos casos, lo que podría acabar suponiendo un ahorro anual al departamento de 17,28 millones de euros.

No obstante, si alguna de estas personas pudiera “demostrar y acreditar la causa por la que no ha recibido ninguna de las cartas” y evidencia que reside en la CAV cumpliendo todos los requisitos, podría volver a recuperar la ayuda, aunque el Gobierno Vasco no concreta cuánto tiempo podría tardar ese proceso.

“El reto es pasar del subsidio al empleo y por lo tanto, para ello, detrás de cada expediente tiene que haber personas reales que viven permanentemente en Euskadi”, expresó Zabaleta, quien añadió que “lo mejor que podemos ofrecerles a estas personas es una puerta de salida, que estén activables para el empleo”. Y este va a ser el siguiente paso de Lanbide: un nuevo programa de choque para la activación y orientación de los perceptores de RGI.

críticas No obstante, no todos los colectivos coincidieron con la lectura que hizo ayer el Gobierno Vasco de esta medida. Asociaciones como SOS Racismo o el Consejo de la Juventud de Euskadi acusaron a Lanbide de “criminalizar” a los perceptores, al “ligar cartas devueltas y fraude”. En un comunicado, consideraron que la falta de respuesta “obedece a que las comunicaciones no llegan a sus destinatarios porque desde Lanbide no se han actualizado sus direcciones”.

Asimismo, la portavoz foral de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, consideró “una auténtica barbaridad que todo el rato se enfoque la cuestión en el fraude, en la falta de localización y en crear sospechas sobre los ciudadanos”. Lo que a su juicio sería necesario es desarrollar “más políticas sociales” porque “hay muchísima gente que necesita de la ayuda de las instituciones para poder sobrevivir”.