La Embajada de Ecuador en España ha mostrado su profunda preocupación por los recortes anunciados por el Gobierno español en materia de sanidad pública, que afectarán a los inmigrantes «más vulnerables» y, entre ellos, a los ecuatorianos, la mayor colectividad latinoamericana en el país.

Ante esta nueva reforma del Ejecutivo, que supone un giro radical a la política aplicada desde el año 2000 en España, cuando se aprobó la Ley de Extranjería, la embajadora ecuatoriana, Aminta Buenaño, ha remitido una comunicación a la Secretaría española de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. En dicha misiva, la embajadora asegura que comprende el difícil momento que España atraviesa por la crisis económica y, justamente por ello, expresa su profunda preocupación por la anunciada reforma a la Ley de Extranjería. «Nos inquieta sostiene Buenaño en su carta que este tipo de medidas afecten a un grupo vulnerable de nuestra comunidad que ha caído, contra su voluntad, en irregularidad sobrevenida» y recuerda que todos esos inmigrantes han aportado no sólo con su trabajo al desarrollo de España, sino también con aportaciones a la Seguridad Social durante varios años.

La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que el número de extranjeros en situación legal, es decir, con permiso de residencia en vigor, asciende a 5.251.094 según los datos del Ministerio español de Empleo.

Así, la cifra de ciudadanos «sin papeles» que podrían verse afectados por estos cambios asciende a 459.946, a falta de depurar posibles duplicidades en las estadísticas, señala el comunicado de la embajada ecuatoriana.

Los inmigrantes no empadronados, y por tanto en situación irregular, tienen derecho a las urgencias, la maternidad y la atención infantil. Con el recorte en los servicios sanitarios para los inmigrantes irregulares, el Gobierno español explicó que aspira a ahorrar unos 500 millones de euros, concluye el comunicado