LA proliferación de actitudes, declaraciones y decisiones inadmisibles por impropias, el excesivamente simple soslayamiento de las consecuencias de las mismas en las contadas ocasiones en que llegan a admitirse, la asunción en su caso de errores y faltas pero no de la obligación de satisfacerlos, el desembarazo en la elusión de compromisos adquiridos y obligaciones inherentes en cargos públicos e instituciones supone no solo un constante desprecio por el sistema democrático que los crea y por los ciudadanos que los eligen sino también un incluso más peligroso descrédito del mismo. Y quienes de modo inconsciente o, peor, con la consciencia del mero interés político inmediato, obvian esa realidad no hacen sino abonar el florecimiento de nuevas corrientes de viejas doctrinas e ideologías totalitarias que empiezan a asomar en numerosas partes de Europa y que en el Estado francés, sin ir más lejos, ya son tercera fuerza y posible alternativa de poder como relevo de la derecha civilizada tradicional. Basta con mirar alrededor para encontrar ejemplos fehacientes. Porque no supone cosa distinta a ese desprecio por la democracia y ese descrédito de la misma que un responsable político de un cuerpo policial creado para velar por la seguridad de sus ciudadanos pretenda zanjar la muerte de uno de estos a consecuencia de una actuación policial desproporcionada con la entonación de una culpa que no conlleva asunción de responsabilidades ajenas, mucho menos propias. Tampoco que un presidente de Gobierno incumpla en menos de cinco meses sus principales promesas electorales, que dicho incumplimiento conlleve un deterioro del bienestar y los servicios públicos elementales, y que lo haga con el agravante del sibilino señalamiento de los sectores más excluidos y de la inmigración como falsos responsables de los problemas; lo que supone un empobrecimiento de la sociedad y la reducción, cuando no eliminación, de derechos esenciales sin lograr, además, el objetivo expuesto otra cosa serían los no reconocidos de la recuperación económica. Ni que miembros cualificados de su gobierno utilicen las penurias derivadas de una nefasta gestión política, propia y ajena, para cuestionar el entramado institucional. Como tampoco se puede calificar de otro modo que la máxima autoridad del Estado pese a carecer de la legitimidad de una elección democrática y a haber creado, acrecentado y sostenido su patrimonio con los impuestos a través de una suculenta porción anual de los PGE pretenda dar por finiquitada con once palabras su absoluta falta de contención en su actuación pública y actitud personal y su dispendio escandaloso. Entre estos y otros casos penados por ley de actitudes imperdonables en quien gestiona el erario público no hay, en respeto y consideración hacia los componentes de la sociedad que deberían liderar, ninguna diferencia. Unos y otros causan, un daño irreparable a la credibilidad del sistema.