Una cuarentena de menores bajo la tutela de la Diputación y 54 trabajadores pueden verse afectados en los próximos días por la decisión del ente foral de cerrar los cinco pisos de acogida residencial que gestiona la asociación guipuzcoana de educadores Bide Berri, en estado de quiebra económica e intervenida judicialmente, de cuyos servicios ha decidido prescindir a partir del 1 de mayo el departamento de Política Social.
Los menores serán reubicados en otros recursos que, según los educadores que se ocupan de ellos en la actualidad, no «responden en todos los casos a sus necesidades específicas». El traslado, además, puede acentuar los problemas de desarraigo que padecen muchos de ellos «cambiándoles de pueblo, de ikastola, de amigos…». En cuanto a los trabajadores, perderán su empleo, salvo que acepten integrarse en la empresa que sustituirá a Bide Berri en la prestación de los servicios que ésta tenía subcontratados «en peores condiciones de trabajo que las actuales y renunciando a la cláusula de subrogación que recoge nuestro convenio, que es precisamente la que nos da estabilidad, al garantizarnos el mantenimiento de las condiciones laborales que tenemos reconocidas».
Según los trabajadores de Bide Berri, que ayer protagonizaron una concentración de protesta convocada por ELA frente al palacio foral, otra de las condiciones que les ha puesto la Diputación para mantener sus puestos de trabajo es que «nos comprometamos por unanimidad a no hacer ninguna reclamación».
Los trabajadores de Bide Berri destacan que la gestión económica de una empresa catalogada de ‘entidad sin ánimo de lucro’ ha sido «como mínimo nefasta». Las considerables deudas que ha ido contrayendo con Hacienda, con los propios educadores o con otros trabajadores en los que recaen diversas tareas auxiliares no son nuevas ni desconocidas. Tampoco era desconocida «la mala relación que se ha ido creando entre Bide Berri y la Diputación».
En ese sentido, apuntan a que también el Ejecutivo foral tiene su parte de responsabilidad en el desenlace porque, «al final, es el dinero de todos los guipuzcoanos el que se está distribuyendo entre todo tipo de empresas tanto de aquí como de fuera, sin ánimo de lucro y con evidente y manifiesto ánimo de ganar dinero…, sin revisar bien en qué y cómo se gasta. Pedimos a la Diputación que ponga más atención, porque es dinero público y no se puede jugar con esas cosas, menos aún cuando estamos hablando de 54 educadores que tratamos con personas, no con máquinas».
El primer toque de atención sobre las consecuencias de la situación de Bide Berri se produjo el pasado mes de febrero, cuando ELA denunció el cierre del piso que la empresa gestionaba en Arrasate. Si en aquella ocasión se habló de «decisión política», los mismos términos se han empleado al valorar el cierre de las otras cuatro viviendas gestionadas por Bide Berri, situadas en Tolosa, Urretxu, Bergara y San Sebastián.
«Criterios economicistas»
Los cierres coinciden con el proceso de reordenación de los pisos de acogida de menores que, según anunció el pasado mes de enero en Juntas Generales el diputado de Política Social, Ander Rodriguez, entrará en vigor el 1 de julio. El avance realizado por el diputado hacía hincapié en que no se cerraría ningún centro y se contaría con más educadores para adaptar el sistema a la nueva tipología de los menores tutelados, en los que está aumentando el número de autóctonos y disminuyendo el de foráneos.
En los cinco pisos cuyo cierre denunció ayer ELA también LAB y CCOO tienen representación en el comité de empresa, pero no se sumaron de manera expresa a la protesta se refleja la práctica totalidad de la casuística que prevé la acogida de menores tutelados por la Diputación; los hay básicos, de medidas y de emancipación. Los educadores están obviamente preocupados por su futuro profesional, pero también lo están por el de los menores: «Estamos hablando de que se respeten nuestros derechos como trabajadores, pero también hablamos de calidad de servicio, de muchos menores que pueden quedar desprotegidos». El temor es que «una decisión economicista de la Diputación lleve a esos chavales a pisos que no son los que les corresponden, y donde mejor se puede actuar con ellos». Otro aspecto que denuncian es que la Diputación, «como una empresa más, pretenda obligar a los trabajadores a renunciar a sus derechos. Eso es inadmisible y de extrema gravedad».

LA CIFRA

34 centros acogen a los menores que se encuentran bajo la tutela de la Diputación, según datos aportados a finales de enero en Juntas Generales por el diputado de Política Social, Ander Rodriguez. En aquella fecha, atendían a 274 menores: 196 guipuzcoanos y 78 de origen extranjero.