Detienen a 31 extranjeros por falsificar documentos para conseguir la residencia

Diario Sur, A. SALAZAR / J. CANO, 27-04-2012

La Policía Nacional ha detenido a un total de 31 extranjeros por supuestos delitos de falsedad documental. En otra operación paralela, también han sido arrestados dos empresarios españoles por la misma causa.

Según fuentes policiales, los inmigrantes tramitaban en la Comisaría solicitudes de permiso de residencia y trabajo presentando documentos falsos con los que conseguían acreditar una estancia en España superior a tres años, tiempo necesario para demostrar el arraigo.

La investigación apunta a que los detenidos utilizaban para este fin expedientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con los números de la tarjeta sanitaria de una persona ya fallecida, para justificar que llevaban más de tres años en el país y obtener el permiso de residencia y trabajo por arraigo, según informaron las fuentes.

Uno de los 31 extranjeros detenidos, de nacionalidad marroquí y 29 años de edad, confeccionaba las falsificaciones, que consistían en fotocopias con los números de las tarjetas sanitarias, y las vendía por un precio que variaba entre 100 y 300 euros cada una.

En otra operación paralela, agentes de la Policía Nacional han detenido a dos españoles de 60 y 49 años que tenían empresas dadas de alta en el registro mercantil pero en realidad estaban inactivas y carecían de sede física. Su única función era la de cobrar a los extranjeros irregulares en España cantidades que oscilaban entre los 1.000 y los 1.500 euros a cambio de trámites fraudulentos.

Por un lado, según señalaron las fuentes, ofrecían extender precontratos de trabajo de un año de duración a inmigrantes en situación de irregularidad y por otro, aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social de los extranjeros para que estos pudiesen solicitar y conseguir el subsidio de desempleo.

Hace solo un mes, la Policía Local detuvo a dos personas por otro presunto delito de falsedad. En este caso, los cabecillas de la supuesta trama empadronaban de modo irregular a extranjeros para que pudiesen obtener la tarjeta de residencia a cambio de 300 euros.

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