33.319 inmigrantes que residen en la Región de manera irregular se quedarán sin tarjeta sanitaria el día 1 de septiembre, lo que significa que no podrán seguir acudiendo a su médico, salvo que sean niños o mujeres embarazadas. Sin embargo, algunas consultas seguirán abiertas para ellos, porque cada vez hay más voces entre los profesionales que apuestan por la «objeción de conciencia» a la norma. La campaña, que ha irrumpido especialmente en las redes sociales, está recibiendo el apoyo de colectivos como ‘Nogracias’ (una plataforma que nació para defender la independencia de los médicos frente a la industria farmacéutica) o la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP).

Dejar fuera de la cobertura sanitaria regularizada a miles de inmigrantes (solo urgencias) es, para Abel Novoa, impulsor de ‘Nogracias’ en Murcia, «una medida demagógica» que se acerca a «discursos de extrema derecha» y que además no aportará ahorro real a las arcas públicas. «Si no se atiende bien a los pacientes crónicos, al final terminarán acudiendo a Urgencias con complicaciones graves, y supondrá un mayor gasto», denuncia Novoa, que fue director de Calidad Asistencial de la Consejería.

Ya al margen de la campaña por la objeción de conciencia, las críticas a la exclusión de los ‘sin papeles’ del sistema sanitario llegan desde casi todos los ámbitos profesionales. La presidenta del Colegio de Médicos de la Región, Isabel Montoya, declaró ayer a la agencia Efe que la medida puede provocar «problemas de salud pública muy serios», mientras la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) recuerda que será difícil el control de enfermedades transmisibles como la tuberculosis. El decreto, denunció esta organización, dejará a muchos enfermos crónicos en una «grave situación» de indefensión. La rama murciana de la Semfyc todavía no se ha pronunciado oficialmente, aunque su presidente, Juan de Dios González, mostró el miércoles en declaraciones a ‘La Verdad’ una opinión más favorable a la medida. Aseguró que limitar a Urgencias la atención a los inmigrantes irregulares «no tiene por qué suponer un problema». El decreto establece que los inmigrantes que se queden sin tarjeta sanitaria a partir del 1 de septiembre solo serán atendidos por enfermedades o accidentes graves «hasta el alta médica».

Muchos expertos denuncian la inseguridad jurídica de este texto. Por ejemplo, ¿cómo se llevará a cabo a partir de ahora el seguimiento médico a los portadores de VIH, que no han desarrollado sida pero necesitan revisiones periódicas y un cuidado especial de sus hábitos de vida? En esa labor, el médico de familia era hasta ahora fundamental. Y quien tenga una hipertensión que requiera medicación, ¿cómo va a ser atendido? «¿Se esperarán a que desarrolle una crisis hipertensiva y llegue al hospital?», se pregunta Juan A. Sánchez, de la ADSP.

La Consejería apunta en una dirección a la que también se ha referido el Ministerio estos últimos días. Anuncia que «se promoverán, en su caso, medidas sanitarias a través de convenios con ONG». Pone el ejemplo de los planes preventivos que ya existen para el sida.

Corte de la avenida Juan Carlos I de Murcia, anoche

En otro orden de cosas, varias decenas de medicos cortaron anoche, durante unos diez minutos, la avenida Juan Carlos I a la altura de la sede del colegio oficial.

Los profesionales mostraron así, tras una asamblea convocada por el sindicato medico, su rechazo al plan de reequilibrio financiero, que suprime varios complementos salariales y reduce el numero de guardias médicas.