Las polémicas restricciones contra la inmigración ilegal puestas en marcha por Arizona y otros estados algo que debe ser regulado a nivel federal, comenzaron a ser analizadas por el Tribunal Supremo de EE.UU. este miércoles, en medio de un gran debate social sobre qué hacer con los 11 millones de inmigrantes ilegales que se estima tiene el país.

La revisión que abre el Supremo sobre la legislación aprobada por Arizona en 2010, y en gran parte copiada en otros estados, como Alabama, aborda dos planos de controversia. Uno tiene que ver con la disputa entre las competencias federales y las que corresponden a los estados. El otro es sobre el contenido mismo de la normas puestas en pie en Arizona.
La ley considera un crimen que un entranjero no lleve encima su documentación

Los aspectos más polémicos de esa ley son cuatro. Arizona requiere a la policía que verifique el estatus inmigratorio de toda persona que pare en la calle y que sea razonablemente sospechosa de estar en EE.UU. «sin papeles». También autoriza a la policía a detener a cualquier extranjero que crea que está cometiendo un delito susceptible de estar penado con deportación. Igualmente la ley considera un crimen que un entranjero no lleve encima su documentación, así como que un inmigrante ilegal busque o desempeñe un trabajo.

Esos preceptos cuentan con el apoyo de gran parte de los estadounidenses. Las encuestan han aportado diferentes cifras, pero normalmente el respaldo se sitúa por encima del 60%. Pero el debate legal está más bien en si un estado puede legislar sobre una materia que le corresponde al Congreso. Paul Clemens, el abogado encargado de defender la ley este miércoles ante los nueve jueces del Tribunal Supremo, defiende el derecho de Arizona a actuar «porque el Gobierno federal ha fracasado en sellar la frontera entre EE.UU. y México». «Hay un tráfico ilegal transfronterizo, de drogas, criminales peligrosos y personas altamente vulnerables», según Clemens.
400.000 inmigrantes ilegales

El abogado que actúa en nombre de la Administración Obama, Donald Verrilli, niega que el Gobierno haya descuidado la seguridad fronteriza y advierte que la ley de Arizona «choca contra la política inmigratoria legislada por el Congreso», cuyo objetivo es un «equilibrio» entre diferentes aspectos del problema, evitando focalizarse «solamente en forzar al máximo el cumplimiento del orden legal».

Se estima que en Arizona hay 400.000 inmigrantes ilegales, que constituyen el 6% de la población. Los republicanos que gobiernan el estado indican que eso sobrecarga las prisiones, el gasto público de escuelas y hospitales y rebaja el sueldo de los residentes legales. Los oponentes de la ley destacan el elevado número de «sin papeles» que se han marchado de Arizona, dejando sin suficiente mano de obra empresas y, sobre todo, explotaciones agrícolas. También advierten que la imagen pública del estado se ha visto dañada y que eso está afectando al turismo.