El PSOE no descarta recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto de reforma sanitaria aprobado por el Gobierno, al igual que podría hacer la Junta de Andalucía, por entender que es una «agresión» a los derechos constitucionales y que puede «vulnerar las competencias» de las comunidades autónomas.

Así lo ha anunciado hoy la secretaria del Política Social de este partido, Trinidad Jiménez, en una rueda de prensa en la que ha exigido al Ejecutivo que «responda hoy mismo» sobre si los españoles de 27 años que queden fuera de la unidad familiar y las mujeres separadas o divorciadas que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social seguirán recibiendo atención sanitaria.

Jiménez ha denunciado que el Gobierno ha dejado «en el aire» a estas personas al exigir cotizar en este país para ser titular de la tarjeta sanitaria, excluyendo así a los inmigrantes en situación irregular o que no pagan impuestos.

Por ello, el PSOE estudia «cuáles son las repercusiones sobre el ordenamiento jurídico español» de este decreto y se mantiene «a la espera» de lo que decida la Junta de Andalucía para decidir si lo recurre ante el Constitucional. Lo más grave, para el portavoz socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, es «el daño a la salud» que se está causando a la población con el copago farmacéutico en función de la renta, que obliga a los pensionistas a pagar al menos 8 euros al mes de lo que gasten en medicamentos.

Para demostrar los problemas que esto puede acarrear, ha puesto como ejemplo el caso real de un hombre de 67 años, enfermo crónico y polimedicado, cuyo gasto en medicinas es de 243 euros al mes. Este paciente, jubilado y que cobra 600 euros mensuales, tendrá que pagar 24 euros cada treinta días de los que el Gobierno le devolverá 16, en un proceso de reintegro de gastos que se producirá cada seis meses. Esto le obligará a adelantar el 4 % de su pensión, por lo que «puede decidir no adquirir algunos de esos medicamentos», lo que «descompensará su enfermedad».

Los dirigentes socialistas han coincidido en denunciar que «ni un solo euro» del copago irá dirigido a la Sanidad sino a conseguir los objetivos de reducción del déficit público. El portavoz socialista también se ha referido a la posibilidad de que el planteamiento «xenófobo» del Gobierno reduzca el turismo en España.