Grecia está intentando conseguir la financiación de la Unión Europea necesaria para abrir los centros de acogida de inmigrantes indocumentados que se encuentran en terreno griego, donde residirán hasta su repatriación o deportación. Algo imprescindible para empezar a solucionar la presencia de los más de 150.000 inmigrantes ilegales al año que han entrado en el país de forma ilegal desde las costas o la frontera turca y quieren seguir su viaje al resto de Europa.

La situación actual en Atenas es la mas acuciante: desde el miércoles, la policía ha comenzado a vaciar los edificios en los que estos inmigrantes viven hacinados. La orden, proveniente del ministro de Protección del Ciudadano Mijális Jrisojoídis, ordena que la policía entre en estos edificios y se lleve para su identificación, detención y posterior deportación a los inmigrantes que ahí encuentre. El ministro también ha hecho un llamamiento a la población ateniense, solicitando que denuncie a las autoridades la presencia de muchos inmigrantes sin permiso de residencia y trabajo en cualquier edificio. En general, según el ministro, “pueden encontrarse entre 30 y 50 inmigrantes ilegales en un espacio entre 50 y 100 metros cuadrados, en unas condiciones deplorables e inhumanas”.

La policía entra en estos edificios en presencia de un fiscal y de representantes del Centro de Control de Enfermedades Contagiosas (KEELPNO), y posteriormente divide a las personas que lo habitan: quienes necesiten tratamiento médico son llevados a tres hospitales atenienses donde se han habilitado unas salas especiales que estarán vigiladas por la policía. Los demás son trasladados a un centro de detención hasta su deportación, algo que preocupa a las ONGs que se ocupan de los inmigrantes, dado que las instalaciones policiales y los centros de detención son pequeños y no reunen buenas condiciones.

Los propietarios de las viviendas que “alquilan” a estos inmigrantes serán perseguidos penalmente desde el 10 de Abril, fecha en la que cambió la ley. La policía y el ayuntamiento de Atenas tiene localizadas mas de 70 viviendas en las que se hacinan inmigrantes, situadas en la zona de Omonia y de Metaxurguío en el centro de la capital.

Los habitantes de estas zonas protestan contra la presencia de tanta inmigración y, de hecho, los sondeos recogen que su intención es votar el domingo 6 de Junio a los partidos de extrema derecha, partidarios de la deportación inmediata de todos los inmigrantes ilegales. El Ministro de Protección del Ciudadano ha anunciado que antes de las elecciones funcionará el centro de Amigdaleza, cerca de Atenas, donde existen una serie de contenedores que habían sido utilizados como viviendas por las víctimas del ultimo terremoto. Pero el Ministro de Transporte, Makis Voridis, se niega a cederlos ahora para alojar a los inmigrantes, insistiendo que su uso es para las víctimas de catástrofes naturales.
Treinta centros de detención

El Ministro Jrisojoídis ha anunciado desde Bruselas que el centro de Amigdaleza estará operativo dentro de pocos días y que la Comisión Europea ha aceptado dar los fondos necesarios para su funcionamiento. El ministro anunció recientemente la creación de treinta centros de detención en total –que denomina “centros de acogida cerrados“ en toda Grecia, dónde se recogerán a los inmigrantes detenidos hasta su repatriación voluntaria o su deportación.

Sin embargo, se encuentra con el problema de que las administraciones locales rechazan esta propuesta en la mayoría de los casos, aun cuando ya existen antiguas instalaciones del ejército de tierra cedidas por el Ministerio de Defensa que serán modernizadas. Hasta ahora, los inmigrantes ilegales (nueve de cada 10 que entran en Europa lo hacen a través de Grecia) consiguen entrar en el país con cierta facilidad, a pesar de la presencia de fuerzas policiales con el apoyo de personal de FRONTEX tanto por mar como por tierra.

Si son detenidos, la policía les hará ingresar en un centro de acogida en el que permanecen en pésimas condiciones entre varios días hasta un máximo de 3 meses) y su huella dactilar pasa a formar parte del archivo de EURODAC. Después abandonarán el centro con una orden de deportación, que permite sólo un mes de estancia en Grecia. La mayoría se dirige a Atenas, dónde comienza el largo proceso para conseguir asilo político, sabiendo que se concede únicamente a un centenar de personas al año. En el caso de que consigan llegar a otro destino europeo (en general cruzando en barco hacia Italia) las autoridades controlaran su huella dactilar y según el tratado de Dublin II debería obligarle a regresar a Grecia. Pero como las condiciones en Grecia son muy difíciles ahora debido a la crisis y a la falta de trabajo, la mayoría de los países europeos evitan hacerlo.