Los inmigrantes irregulares, más conocidos como ‘sin papeles’, se quedarán sin tarjeta sanitaria el próximo 31 de agosto. ¿Cómo se tratarán y controlarán las enfermedades infecciosas como la tuberculosis? ¿Y los brotes psicóticos, un asma o tratamientos para la diabetes?

pamplona. No se sabe, tampoco el colectivo realmente afectado teniendo en cuenta que, según datos del departamento de Salud, hay en estos momentos 76.436 inmigrantes (16.123 de la UE) con tarjeta sanitaria del SNS-Osasunbidea (se renueva cada dos años) en Navarra, de los que 57.934 tienen la documentación legal en regla (NIE o Número de Identificación de Extranjero, que es el equivalente al DNI), mientras que otros 18.502 figuran sin tarjeta administrativa, si bien tampoco significa que sean irregulares, según fuentes técnicas consultadas. Los datos que manejan las diferentes instituciones tampoco arrojan mayor claridad. El Padrón del INE contabilizaba en 2011 69.148 personas empadronadas con nacionalidad extranjera (no hay que olvidar que hay extranjeros que no se empadronan o que 90.387 personas nacieron en el extranjero y muchas se han nacionalizado) y, de ellos, 43.798 extracomunitarios (no europeos). Asimismo, el Ministerio de Trabajo tiene registrados 68.215 personas inmigrantes en situación regular (permiso en vigor) de las que 44.335 no pertenecen al espacio comunitario. Este cruce de datos apenas arroja un balance de irregulares, lo cual tampoco es real, tal y como reconocen las ONG que cifran hasta 4.500 los irregulares extracomunitarios. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los inmigrantes comunitarios lo tienen más fácil para regularizar su situación ya que, debido s la libre circulación, tan sólo tienen que estar de alta en el Registro Central de Extranjeros, y se les exige prácticamente los mismos requisitos que a los nativos: cotizar.

Según el nuevo decreto, tendrán garantizada la atención en su centro de salud tanto los niños como las embarazadas, pero el resto tendrá que acudir a urgencias y tendrá que asumir el coste íntegro de los fármacos. El decreto fija que cualquier inmigrante, regular o no, tendrá acceso a atención “de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica”; los menores de 18 años recibirán la misma asistencia que los españoles, y las embarazadas atención en la gestación, el parto y el postparto. Eso sí, se rompe el lazo que permitía a un inmigrante traerse a sus padres e hijos mayores de 26 años bajo el paraguas de su tarjeta sanitaria.

críticas Además del temor con el que analizaban las ONG esta dura medida, entidades que no distinguen en su atención social entre razas, religiones o situación legales, también los médicos consultados calificaban ayer de “desastre”, al alejar a los inmigrantes, los más desfavorecidos, de los centros de salud, dejando sin control ni seguimiento un sinfín de enfermedades. Y es que el facultativo vuelve a estar entre la espada y la pared porque, con tarjeta o sin ella, su obligación es atender a la persona que viene con un problema y “socorrerle”. Señalan además que la tarjeta, en la mayoría de los casos, les da derecho a recetas, pero a la estándar, por lo que sí que tienen que asumir el 40% del coste.

Las críticas han llegado desde todos los frentes. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, tachó de “xenófobo” el Real Decreto y acusó al Gobierno de “dar pábulo a una siniestra idea según la cual los inmigrantes abusan de la sanidad europea”. También la consejera de Política Social Elena Torres, reiteró que la medida “raya en la xenofobia”, y subrayó que Navarra trabaja desde hace tiempo por dar a estas personas la tarjeta sanitaria para que tengan cubiertas adecuadamente sus necesidades relacionadas con la salud “con criterios de calidad y profesionalidad”. Por su parte, Izquierda-Ezkerra criticó ayer la “discriminación” del recorte en prestaciones sanitarias para las personas inmigrantes en situación irregular y advirtió que la medida provocará “un mayor colapso” en los servicios de urgencias. Tras subrayar que adoptará “todas las medidas” posibles para que esta medida no se aplique en Navarra, I-E afirma que el derecho a la salud es “básico” y resulta “inmoral, discriminatoria y aberrante” su restricción a los “sin papeles”. También UGT ve “inaceptable” el recorte y destaca que de los 5,5 millones de extranjeros empadronados en el país, casi 2,5 son de la UE y por ello están “protegidos en el principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de nacionalidad, lo que afecta también al ámbito sanitario”. Añadió que los gastos sanitarios de un asegurado en un estado de la UE que se produzcan en otro estado miembro se “compensan” entre los países. CCOO advirtió ayer que los inmigrantes ilegales no cotizan pero sí consumen y tributan indirectamente, a través del IVA o de otros impuestos o tasas especiales. Y habló de un intento de “manipulación al pretender confundir el turismo sanitario con la restricción del acceso a la sanidad de todas las personas”. Y LAB consideró “justa e irreal” la retirada de la tarjeta, que cree que generará “más problemas”.