Su programa Contacto Total, el más escuchado de la radio hablada en español en Arizona, ha permitido a Gabriel Villalobos disfrutar de uno de los mejores observatorios sobre las tribulaciones cotidianas de los hispanos.
“Sigue la presión”, responde al teléfono desde Phoenix. “El sheriff Joe Arpaio (la auténtica bestia negra para los nacidos al sur de Río Grande) ha bajado la guardia, pero las policías han continuado deteniendo, sin hacer ruido, por puro perfil racial”.
Hay una diferencia, sin embargo, con la primavera de hace dos años, cuando arrancó la lucha contra la ley que consideran que criminaliza a la inmigración al convertir en delito la presencia de indocumentados. “Muchos de los que se fueron han regresado e incluso hay gente nueva. Han comprendido que han de enfrentarse a esta situación y que mudarse a California, Texas o Nuevo México no es la solución”.
El Tribunal Supremo, cuya decisión se espera para junio, empezó ayer la revisión de la llamada SB1070. Los jueces dejaron la impresión de que la mayoría avala esta ordenanza a causa de la inactividad del Gobierno federal. Esta regulación se convirtió en la madre de las normativas estatales antiinmigración que han aflorado en EE.UU. Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Indiana y Utah aprobaron legislaciones en el 2011 bajo su espejo.
Jan Brewer, gobernadora de Arizona, la rubricó el 23 de abril del 2010. Defendió su potestad por la incapacidad de Washington de regular el flujo de los inmigrantes irregulares, cuestión que fuerza a los estados a vigilar por su seguridad y velar por el alto coste que supone la educación y sanidad de los simpapeles. El presidente Barack Obama se opuso. Su Administración replicó que las competencias en política de fronteras le corresponden.
El 28 de julio, un día antes de su aplicación, la juez Susan Bolton suspendió cuatro puntos, los más polémicos. Entre estos se encuentra la posibilidad de que los agentes requieran a un ciudadano su condición “por la sospecha” de que sea un indocumentado. Para los colectivos hispanos, esto abre la puerta a detenciones discriminadas por el aspecto. Pero, los magistrados del Supremo –incluidos progresistas– parecieron avalar esa práctica.
A la espera de la resolución sobre la reforma sanitaria, el mismo tribunal ha de pronunciarse este 2012 electoral sobre esta otro asunto caliente. Algunos analistas aseguran que la oposición a la ley de Arizona unifica el voto hispano a favor del candidato demócrata. Otros, como el editorial de ayer The Wall Street Journal, lo ven como una cortina de humo para esconder el fracaso de Obama, que prometió una reforma migratoria, mientras ponen en la picota a los republicanos.
Entre los conservadores se ensalza que iniciativas como la de Brewer ya han tenido un efecto y les imputan en parte el vuelco histórico que ha supuesto que haya más mexicanos –la mayor de las minorías– que hacen el camino de regreso a su tierra que los que entran a EE.UU.

Villalobos responde: “Es innegable que un 20% de los que marcharon de Arizona y fueron a México no han regresado. Pero las redadas no son algo nuevo. Lo nuevo es la crisis económica. No sólo hay menos trabajo, sino que los salarios son mucho más bajos y no permiten vivir aquí”.