Una gestoría administrativa ubicada en la barriada sevillana de Torreblanca resultó ser la tapadera para que más de una treintena de inmigrantes consiguieran, previo pago de su importe, falsos contratos de trabajo y altas y bajas a la Seguridad Social que a la postre les permitían obtener indebidamente un permiso de residencia en España. Por este fraude, el gestor habría conseguido más de 100.000 euros de beneficio.

En total han sido treinta y dos las personas a las que la Policía ha detenido como implicadas en esta trama de defraudación a la Seguridad Social, de las que la mayor parte son ciudadanos procedentes de distintos países del norte de África, como Marruecos o Argelia. A todos estos, al margen de la imputación del delito correspondiente, les será abierto un expediente que previsiblemente acabará con su expulsión del territorio nacional.
Desde Torreblanca

El autor de la estafa masiva, identificado como J.A.G.H., de 45 años, se valía de su trabajo en una gestoría de Torreblanca y utilizaba los avales que una empresa de construcción legalmente establecida le había otorgado para que pudiera operar con la Seguridad Social a través de internet.

Aprovechándose de ello, el gestor vendía a terceros falsas certificaciones administrativas que en unos caso les permitía completar días de cotización necesarios para obtener el subsidio de desempleo o la ayuda familiar, o bien llevar a cabo la rescicisión del contrato para falsear un supuesto despido que diera lugar al cobro de la prestación correspondiente.
Falsos contratos

Asimismo se pudo comprobar que los inmigrantes también recurrían al gestor para formalizar falsos contratos laborales de un año de duración cuya exhibición ler permitiera solicitar la Autorización de Residencia Temporal en España por Circunstancias Excepcionales, más comunmente conocida como arraigo social.

Todo ello se hacía sin conocimiento de la empresa a nombre de la cual se realizaban los trámites.

Fue precisamente la empresa la que acabó advirtiendo el fraude y presentó la denuncia que puso en marcha la maquinaria policial y permitió la identificación de todos los defraudadores.

Según se desprende de la investigación realizada al efecto, el gestor administrativo cobraba por cada uno de sus fraudulentos servicios cantidades que oscilaban entre los 200 y los 2.500 euros, lo que, a priori, le ha reportado unos beneficios superiores a los 100.000 euros.

No obstante, según han confirmaco fuentes policiales, el montante de la estafa podría ser mucho mayor, así como el número final de detenidos. En este sentido, las mencionadas fuentes, confirman que la investigación continúa abierta, a fin de poder determinar el verdadero alcance esta estafa.
Antecedentes policiales

Curiosamente, el cabecilla y responsable del fraude, J.A.G.H. no ha resultado un desconocido para la Policía, ya que una vez identificado pudo comprobarse que ya contaba con antecedentes policiales por hechos similares a los que ahora han llevado nuevamente a su detención. En los archivos policiales, J.A.G.H. cuenta con una detención anterior, en el año 2005, también en relación con una estafa de similares connotaciones a la ahora descubierta.