Sin un impacto económico claro pero con claras consecuencias sociales, dejar sin cobertura sanitaria a las personas inmigrantes sin papeles implica un duro recorte de los derechos “más básicos” de la ciudadanía que ya residen con nosotros, razón por la que los colectivos sociales rechazan la medida estatal, a la vez que demandan a los partidos parlamentarios que peleen por garantizar esta prestación haciendo uso de las competencias forales en salud. El fin de esta medida restrictiva, indican, es lograr una expulsión velada de los sin papeles, principalmente africanos.

pamplona. Según el Real Decreto, todos los inmigrantes irregulares se quedarán sin tarjeta sanitaria el próximo 31 de agosto, cuando sólo accederán a la asistencia de urgencias (“por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea la causa, hasta la situación de alta médica”), menores de 18 años, o por asistencia de embarazo, parto o postparto, a no ser que acrediten la condición de asegurados. Entre el 6% y el 10% de la población extracomunitaria que reside en Navarra se vería afectada por la medida, según las entidades sociales consultadas. Numéricamente serían entre 3.500 y 4.500 personas de una población no comunitaria que se cifra en torno a 47.000 personas. El Observatorio Permanente de la Inmigración de Navarra destaca que en enero de este año había expedidas un total de 76.574 tarjetas sanitarias (TIS que tienen duración de dos años) en manos de extranjeros, un número significativamente superior al de personas empadronadas (71.600) lo que podría explicarse, explica Antidio Martínez, por el hecho de que en torno a 2.300 personas adquieren la nacionalidad española cada año, lo que implica un lento trasvase de cifras hacia el padrón estatal. La irregularidad afecta más a los africanos que a latinos, la mayoría regulares.

Uno de los temores de los colectivos es que se rompa la tendencia decreciente del número de irregulares que se ha seguido en los últimos años. Recogiendo datos del Ministerio de Trabajo, alrededor de 6.301 personas extracomunitarias estarían en la cuerda floja, en un plazo de dos años: 3.088 con primera tarjeta de residencia (los regulares que llevan un año) y otras 3.213 sujetas a una primera renovación (segunda tarjeta). Teniendo en cuenta que necesitan cotizar seis meses los primeros y un año los segundos, dada la situación económica, será “muy difícil que puedan regularizarse lo que deviene en una irregularidad sobrevenida”, admite Javier Urroz, del colectivo Denontzat. Hace además un llamamiento a las fuerzas políticas para que el Parlamento “no implante esta medida que es una verdadera locura”. Desde Cáritas, Ángel Iriarte destaca que “sería deseable” que Navarra se blindara ante este tipo de medidas que generarán “problemas muy graves” en el mundo de la “exclusión” cuando estas personas se “pongan enfermas o haya que continuar tratamientos médicos”.

el cerco se estrecha Ubaldo González, de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, asegura que la medida pretende “forzar la marcha y no entrada de inmigrantes”, algo que no ocurrirá porque “los inmigrantes buscarán otros recursos para cubrir sus necesidades, o se colapsarán las urgencias”. “Lo cierto es que sufren un acoso continuo, el paro, los recortes en la renta básica, el acceso a los recursos sanitarios, y el siguiente paso será recortarles la educación ”, indica. Rafael Paredes, de la asesoría Etorkin, vinculada al comedor social París 365, destaca que hay mucha gente que no va a poder renovar su tarjeta de trabajo al no cobrar la renta básica y no llevar el tiempo suficiente de cotización. “Lo siguiente será fletar aviones para sacarlos del país, pero hasta entonces poco a poco se quiere ir echándolos, apretándoles… Muchos se marchan a otros países europeos pero van y vienen…”.

Por su parte, Beatriz Villahizán, de SOS Racismo, habla de una “justificación perversa” de la media en base al “turismo sanitario comunitario pero a la hora de aplicarla se la comen los irregulares extracomunitarios”. “La idea es ir agotando los recursos hasta conseguir que se vayan porque no hay cifras que lo justifiquen, es población más joven y sana. Es un desastre social y hay que hacer valer competencias”, dice.

A partir del 31 de agosto, aquellas tarjetas sanitarias pertenecientes a inmigrantes irregulares empadronados quedarán anuladas. Hasta ese momento, los inmigrantes que hubieran obtenido la tarjeta sanitaria en situación irregular y estén ya en condición legal deberán regularizar su situación sanitaria, al igual que aquellos europeos que todavía no se hubieran inscrito en el Registro Central de Extranjeros. Los menores y las embarazadas, sea cual sea su situación administrativa, seguirán teniendo cobertura completa, tal y como recoge ya la Ley de Extranjería. Por otro lado, la consejera de Política Social del Gobierno de Navarra, Elena Torres, afirmó que “de momento en Navarra la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares está cubierta” y que “habrá que valorar las medidas publicadas en el BOE en su justa medida”.