Será el 1 de julio. Ese día el copago sanitario comenzará a habitar entre nosotros y la vida volverá a encarecerse para los ciudadanos. Comprar medicamentos costará más y los usuarios deberán abonar parte de las prótesis, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente. Además, los inmigrantes en situación irregular dejarán de percibir asistencia sanitaria gratuita el 1 de septiembre, salvo en algunos casos de urgencia, en embarazos o en atención pediátrica.
Los detalles de estas medidas, que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, fueron publicados ayer en el Boletín Oficial del Estado. El objetivo es ahorrar 7.000 millones de euros en Sanidad. Si este ahorro se consigue o no se conocerá en un futuro indeterminado. De momento lo que sí se sabe es que los efectos de los recortes sanitarios afectarán a gran parte de la sociedad.
O quizás no. La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, insistió ayer en que la puesta en marcha del copago, cuya aplicación es de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas, «será imposible en el corto plazo por los cambios que exige no solo en Euskadi sino en todas las autonomías».
Mendia insistió en que solo se aplicarán los ajustes en Sanidad o Educación que sean de obligado cumplimiento por tener carácter de normativa básica y recurrirán ante los tribunales aquellos que «invadan nuestras competencias». «Estamos estudiando los decretos publicados con la voluntad evidentemente de que no exista ningún recorte en los servicios públicos y que no exista ningún recorte en el ámbito competencial», afirmó.
Así pues, salvo demora o recursos judiciales, a partir del 1 de julio aumentará la aportación del ciudadano en los fármacos, que será proporcional a su renta y se actualizará como máximo anualmente. Los usuarios con un nivel renta por encima de 18.000 euros pagarán el 50% de los medicamentos, mientras que los que estén por debajo de esa cantidad seguirán abonando el 40% actual y aquellos cuya renta sea superior a 100.000 euros pagarán el 60%.
Los pensionistas con renta inferior a 18.000 euros pagarán el 10%, con un tope de 8 euros mensuales; los que perciban más de esa cantidad abonarán un máximo de 18 euros al mes y los que reciban más de 100.000 euros tendrán un límite de 60 euros mensuales. Cuando se superen estos topes, la diferencia será reintegrada por la comunidad autónoma en la que resida en un periodo máximo de seis meses.
Síntomas menores
Los medicamentos serán gratuitos para los afectados del síndrome tóxico y personas con discapacidad, los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas, además de los parados de larga duración que no perciban ninguna prestación. Tampoco pagarán las medicinas aquellas personas que sigan un tratamiento derivado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. Y también habrá distinciones para los funcionarios, militares y el personal al servicio de la administración de justicia, cuya aportación será del 30%.
Asimismo, quedarán excluidos de la financiación pública algunos medicamentos como los que están indicados «en el tratamiento de síntomas menores», aquellos que estén por debajo de un precio determinado y los que compartan principio activo con otro fármaco que se venda sin receta.
El decreto regula la asistencia sanitaria a los extranjeros, tanto si se trata de ciudadanos de la Unión Europea como de los extracomunitarios. En este último caso, los que no estén regularizados como residentes en España solo serán atendidos en urgencias, por enfermedad grave o accidente y durante el embarazo, parto y postparto, aunque los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que un niño español.
Para ello, se modificará la Ley de Extranjería y se exigirá a los extranjeros los mismos requisitos que para los nacionales a la hora de recibir asistencia sanitaria, de tal forma que deberán estar afiliados a la Seguridad Social y pagar sus impuestos en España.
La norma incluye el control del denominado «turismo sanitario», mediante la adaptación de una normativa europea que subsanará un error por el que, según desveló un informe del Tribunal de Cuentas, se dejó de facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 ciudadanos europeos, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones de euros.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, señaló ayer que la reforma implica que los inmigrantes en situación irregular «se quedan sin tarjeta sanitaria, no sin asistencia básica, como en el resto de los países de la Unión Europea, ya que la tarjeta sanitaria corresponde a los españoles».