El empadronamiento de un inmigrante extranjero ya no será suficiente para ser atendido por Sanidad, pues deberá acreditar su residencia fiscal, que paga sus impuestos. Esto traerá, entre otras consecuencias, que los ‘sin papeles’ no podrán acceder al sistema sanitario. Esta es una de las medidas con las que el Gobierno central pretende combatir el denominado turismo sanitario, no sólo el de quienes aprovechan sus vacaciones en España para operarse de forma gratuita, sino a quienes viven y trabajan sin tener sus papeles en regla.

El Gobierno está empeñado en cerrar cualquier opción al turismo sanitario, esa laguna legal que ha permitido a miles de extranjeros (700.000 solo en 2009, según el Ejecutivo) ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud (SNS) sin que les costase un euro. Para acabar con esta práctica, la ministra Ana Mato explicó ayer que, además de trasladar a la legislación española el artículo 7 de la directiva europea relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión, se va a endurecer la Ley de Extranjería.

La ministra de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad apuntó en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que quiere terminar con esa práctica de algunos residentes extranjeros legales de traer familiares «exclusivamente» para ser operados en los hospitales españoles. «Vamos a acabar con el turismo sanitario porque es injusto», expuso la titular de Sanidad, que no quiso adelantar cómo se va a realizar estas modificaciones. Solo adelantó que se pedirán «unos requisitos» además del certificado de empadronamiento. «Se tendrán en cuenta a las personas que de verdad vivan en España», insistió.

Mato también advirtió que se van a revisar los convenios con algunos países no comunitarios porque no integran a España el dinero por la asistencia sanitaria que reciben sus nacionales en España. En cuanto a los ciudadanos comunitarios que se aprovechaban de la «mala trasposición» de la normativa europea, se mostró sorprendida de que se incorpora completa la normativa «salvo ese artículo que prohíbe desplazarse a otro país con el objeto de recibir atención sanitaria».

Factura de 917 millones

Mató recordó que el Tribunal de Cuentas cifró en 917 millones el coste de esta práctica para las arcas públicas en 2009. Ahora, con esta modificación y el retoque de la Ley de Extranjería, el SNS se ahorrará unos 1.500 millones: mil de los comunitarios y unos 500 millones del resto de los foráneos.

Una reducción de gasto que se une a la batería de medidas que ya anunció Mato tras el Consejo Interterritorial, como el polémico copago farmacéutico. La ministra insistió en que las medidas que contiene el real decreto para modificar la sanidad son «difíciles» pero necesarias para asegurar el sistema sanitario.

Así, los perceptores de pensiones no contributivas, de renta de reinserción y los parados de larga duración no pagarán nada por los medicamentos; los pensionistas cuya renta no llegue a 18.000 euros abonarán el 10% del fármaco hasta un límite de 8 euros al mes y los pensionistas que superen el límite de la obligatoriedad de la declaración de la renta pagarán también el 10% del medicamento, pero hasta un límte de 18 euros.

En cuanto a la población activa, la inmensa mayoría pasará de pagar el 40% de las medicinas al 50%; mientras los que superen los 100.000 euros de renta anual abonarán el 60%. Mato consideró que este sistema podrá entrar en funcionamiento en dos meses y permitirá ahorrarr unos 3.500 millones.

Otra de las medidas de ahorro será la actualización del Nomenclator, el vademécum de medicamentos. Consistirá en cambiar aquellos productos que se hayan quedado obsoletos.

Ortopedia y suplementos

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad aplicará la misma fórmula de copago de medicamentos a tratamientos dietoterápicos (suplementos para pacientes con problemas de desnutrición, deglución y enfermedades metabólicas…) y a los productos ortoprotésicos (muletas, sillas de ruedas, collarines, calzado ortopédico, férulas…). Habrá excepciones para los enfermos más vulnerables y topes máximos para limitar el gasto. Sanidad prevé la posibilidad de que haya reembolso del gasto en determinados productos ortopédicos, como las muletas o las sillas de ruedas, pero si se devuelven en buen estado.

Ahora algunas autonomías dan de forma gratuita los productos ortopédicos y dietoterápicos en los hospitales. mientras en otras se gestiona desde la asistencia primaria y se cobra un porcentaje como con los medicamentos. El Gobierno quiere poner fin a esa inequidad y, para ello, creará un catálogo homogéneo donde se incluirán las prestaciones y tratamientos sanitarios a los que tienen derecho todos los ciudadanos. En ese catálago se fijarán precios máximos de financiación con la misma mecánica de participación en todas las autonomías. También podría afectar al transporte sanitario no urgente, como las ambulancias utilizadas para trasladar a pacientes en rehabilitación.

La reforma sanitaria también afectará a la reordenación de recursos humanos del personal sanitario. Se favorecerá su movilidad y reasignar profesionales. De aquí saldrán 500 millones de euros. El decreto incluye una medida que supone un cambio de concepto importante. Se prevé destinar a residencias a los enfermos crónicos que necesiten cuidados prolongados y no requieran la sofisticación tecnológica de un hospital.

Las camas de residencia, con menor gasto que las de un centro hospitalario, implicarán un ahorro de 600 millones. Esta medida tiene como principal objetivo a la población de mayor edad. Todos estos capítulos suman 7.267 millones, según los cálculos que maneja el Ministerio de Sanidad. A largo plazo, los ahorros podrían ser mayores.