Los recortes sanitarios aprobados por el Gobierno van a afectar de forma directa a los extranjeros, ya sean inmigrantes o ‘turistas’ en busca de atención. La ministra Ana Mato anunció ayer una reforma de la ley de extranjería que se traducirá en que a los inmigrantes ya no les bastará con estar empadronados para recibir asistencia. Se van a tener en cuenta otros requerimientos para comprobar que «las personas viven de verdad en España», puntualizó la titular de Sanidad. «Había ciudadanos de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven realmente en nuestro país, que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria», explicó. A partir de ahora se introduce el concepto de residencia fiscal, o lo que es lo mismo: «los que trabajan como nosotros y pagan sus impuestos», en palabras de la ministra.

A falta de mayores detalles, el endurecimiento de la normativa puede privar de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, a los que hasta ahora bastaba con el padrón para disponer de ella. En todo caso, cualquier persona residente o de paso seguirá recibiendo asistencia de urgencia.

Las medidas se inscriben en el empeño del Gobierno para cerrar cualquier opción que dé vida al turismo sanitario, esa laguna legal que ha permitido a miles de extranjeros (700.000 solo en 2009, según el Ejecutivo) ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud (SNS) sin que les costase un euro. Para acabar con esta práctica, Ana Mato explicó que se va a trasladar a la legislación española el artículo 7 de la directiva europea relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión. «Vamos a acabar con el turismo sanitario porque es injusto», expuso la titular de Sanidad, que no quiso adelantar cómo se va a realizar estas modificaciones.

Mato también advirtió de que se van a revisar los convenios con algunos países no comunitarios porque no integran a España el dinero por la asistencia sanitaria que reciben sus nacionales. En cuanto a los ciudadanos comunitarios que se aprovechaban de la «mala transposición» de la normativa europea, se mostró sorprendida de que a la legislación española se incorporase completa «salvo ese artículo que prohíbe desplazarse a otro país con el objeto de recibir atención sanitaria». Mató recordó que el Tribunal de Cuentas cifró en 917 millones el coste de esta práctica para las arcas públicas en 2009. Ahora, con esta modificación y el retoque de la ley de extranjería, el SNS se ahorrará unos 1.500 millones: mil de los comunitarios y unos 500 millones del resto de los foráneos.

Copago farmacéutico

Una reducción de gasto que se une a la batería de medidas que ya anunció Mato tras el Consejo Interterritorial, como el polémico copago farmacéutico. La ministra insistió en que las medidas que contiene el real decreto para modificar la Sanidad son «difíciles» pero necesarias para asegurar el sistema de salud. Así, los perceptores de pensiones no contributivas, de renta de reinserción y los parados de larga duración no pagarán nada por los medicamentos; los pensionistas cuya renta no llegue a 18.000 euros abonarán el 10% del fármaco hasta un límite de 8 euros al mes y los pensionistas que superen el límite de la obligatoriedad de la declaración de la renta pagarán también el 10% del medicamento, pero hasta un límite de 18 euros.

En cuanto a la población activa, la inmensa mayoría pasará de pagar el 40% de las medicinas a la mitad; mientras los que superen los 100.000 euros de renta anual abonarán el 60%. Mato consideró que este sistema podrá entrar en funcionamiento en dos meses y permitirá ahuchar unos 3.500 millones.