En un momento crucial para el futuro de Europa, con la supervivencia del euro amenazada, los dos pesos pesados de la UE, Alemania y Francia, quieren acabar con la libre circulación de personas y establecer controles fronterizos escudándose en la crisis. París y Berlín asestaron ayer un duro golpe en la línea de flotación del Tratado de Schengen que da al traste con 17 años de avances.

Se trata de una «suspensión temporal» y solamente «durante la crisis», pero el hecho es que Alemania y Francia están proponiendo restablecer los controles fronterizos internos en la UE y cerrar unas fronteras desconocidas, por ejemplo, para la generación Erasmus.

Hablan de cierres de fronteras «provisionales» y sólo «en casos en que alguno de los países del espacio Schengen no consiga controlar el flujo masivo de inmigrantes», citando expresamente las «fronteras del sur y del este» de la unión, de forma que las delimitaciones entre países volverían a servir de barrera de contención del problema o para estancar las consecuencias de políticas de inmigración no compartidas por todo el conjunto europeo.

La propuesta consta en una carta que los ministros del Interior de Francia, Claude Guéant, y de Alemania, Hans Peter Friedrich, han enviado ya a la presidencia danesa de la Unión Europea, en la que especifican además que la decisión de aplicar de nuevo controles fronterizos debe corresponder a cada país, no a la Comisión Europea, puesto que la prevención de las amenazas de seguridad y del orden público corresponden a la soberanía nacional». Consideran que ése es «un punto no negociable».

De acuerdo con el esquema franco-alemán para la reforma de Schengen, en una primera fase, la Comisión Europea se encargaría de desarrollar sistemas de alerta temprana para detectar a tiempo flujos de inmigrantes ilegales, así como de coordinar medidas de apoyo al país por el que estuvieran entrando.

En el caso de que esas medidas «no bastaran para mejorar la situación del Estado en dificultades o si el funcionamiento del espacio Schengen se ve comprometido», y según la carta de los ministros, los otros países podrían restablecer controles en sus propias fronteras durante un periodo no superior a 30 días. Al cabo de ese tiempo, el Ejecutivo comunitario haría una recomendación sobre la continuidad o no de los controles internos, pero la decisión correspondería al Consejo Europeo.

París y Berlín dan así un puñetazo en la mesa ante las pretensiones de la Comisión Europea de tener la última palabra en esos casos. El debate sobre Schengen llegará a Bruselas en una reunión de los ministros de Justicia e Interior tras las elecciones francesas, en junio, pero el paso de las dos grandes potencias europeas ya está dado y clarifica completamente la dirección que están tomando las negociaciones.

El año pasado Francia e Italia reclamaron un mecanismo parecido ante la entrada masiva de inmigrantes por la Primavera Árabe. Y España ha anunciado que hará lo propio en mayo, restableciendo los controles fronterizos con Francia durante la cumbre del Banco Central Europeo en Barcelona, ante la previsible afluencia de activistas antisistema.

Dinamarca ya causó una herida sangrante al espacio Schengen el año pasado, al restablecer sus fronteras, pero fue una imposición del ultraderechista Partido Popular Danés, desde la coalición de Gobierno, y el resto de Europa transigió por considerarlo un peaje transitorio.

También Suiza restablecerá a partir del 1 de mayo límites a la entrada de otros europeos del Este, añadiendo una cláusula de salvaguardia al acuerdo con Bruselas, pero las instituciones europeas han expresado su malestar y el resto de socios ha preferido no añadir frentes abiertos a la actual y delicada situación con airadas protestas.

En Alemania, Günter Burkhardt, presidente de la Sociedad pro Asilo, considera que el plan «no es más que populismo duro» y asegura que estamos asistiendo «al desmantelamiento de 20 años de construcción europea».

En Francia, Alain Juppé justificó ayer esta iniciativa porque el tratado «no se ha aplicado de manera satisfactoria» y la libre circulación de personas sólo tiene sentido si hay «un control efectivo de las fronteras externas». El titular de Exteriores galo y número dos del Gobierno, Alain Juppé señaló concretamente el caso de Grecia, cuya frontera con Turquía considera «un coladero» para los inmigrantes sin papeles.

También defendió que «una Europa fuerte es una Europa que tiene fronteras» y dijo que no comparte la visión de quienes piensan que la UE «puede seguir ampliándose indefinidamente». En un artículo publicado a primera hora del jueves en su blog personal, el jefe de la diplomacia gala apoyó la visión de Europa que transmitió Nicolas Sarkozy, el pasado 11 de marzo, cuando indicó que el acuerdo de Schengen debería ser «revisado» debido a «la gravedad de la situación» causada por los flujos migratorios descontrolados. Entonces el jefe del Estado saliente insistió en que nadie cambiaría jamás su ideal europeísta y su «fe en que la UE es lo mejor para la paz y la reconciliación». «Pero hay que extraer las enseñanzas de la crisis», añadió. «Europa debe unificar su reglamentación sobre los extranjeros y el derecho de asilo. Si en la actual situación Europa no controla las entradas en su territorio, no podrá acoger dignamente a los que llegan ni financiar su protección social».

Sarkozy amenazó aquel día con abandonar el Tratado de Schengen si en los próximos 12 meses no se inicia una reforma para que todos los países apliquen los mismos criterios en el control de las fronteras, amparándose quizá en un sondeo realizado por Ifop en verano de 2011, en el cual un 75% de la población francesa opinó que la apertura de las fronteras ha sido perjudicial para el empleo en Francia.

La ultranacionalista Marine Le Pen contempla en su programa electoral el abandono inmediato del área Schengen para retomar el control de las fronteras francesas y ha pedido a Sarkozy que «deje de someterse al dictado migratorio europeo».