Donostia. La Diputación anunció ayer que creará una nueva ayuda social para aquellas personas afectadas por los recortes del Gobierno Vasco en las Renta de Garantía de Ingresos (RGI), una ayuda otorgada a los ciudadanos que no llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Hasta el pasado año, esta prestación era gestionada por las diputaciones, pero en diciembre pasó a manos de Lakua y se endurecieron los requisitos. Ya no bastaría con acreditar un año de empadronamiento en Euskadi, sino que el periodo se elevaría a tres años.

La Diputación de Gipuzkoa criticó duramente esta decisión, al considerar que dejaría “1.800 guipuzcoanos más en situación de desprotección y riesgo de exclusión social en el plazo de tres años”. Desde su punto de vista, “no hacer nada para remediarlo no es solo una irresponsabilidad política, sino también una inmoralidad”.

Y por ello, el Gobierno foral anunció ayer que “asumirá una competencia” que no es suya, para crear una nueva ayuda que se denominará Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) y cuya entrada en vigor se prevé a partir del próximo mes de junio.

Características Según informó el diputado de Política Social, Ander Rodriguez, esta prestación aunará dos ayudas existentes hasta ahora: la Ayuda Económica de Inserción Social (que se pagaba a quienes no llegaban al año de empadronamiento) y la Ayuda Económica Individual (una prestación de baja cuantía que fue eliminada en Bizkaia y Araba con la implantación de la RGI).

En su lugar, se aprobará la Ayuda de Garantía de Ingresos, cuyo importe variará entre los 600 y 900 euros al mes, en función del número de miembros de la unidad familiar, lo que supone entre el 80% y el 120% del sueldo mínimo interprofesional.

Esta ayuda se abonará hasta alcanzar los tres años de empadronamiento y después, los perceptores pasarán a cobrar la Renta de Garantía de Ingresos.

El diputado general, Martin Garitano, explicó que la aplicación de esta nueva medida tendrá un “coste muy importante” de 1,4 millones este año (con 479 beneficiarios), una cifra que se incrementará hasta llegar a los 5 millones en 2013 (1.259 perceptores) y los 8,3 millones en 2014 (1.754 perceptores), según cálculos de la Diputación. Como consecuencia, se tendrán que dejar de hacer otra serie de inversiones, según indicó el mandatario.

Efecto rebote Respecto a un supuesto riesgo de “efecto llamada” con la entrada en vigor de esta nueva ayuda, Rodriguez lo consideró “infundado”, porque según afirmó, “nuestro sistema de garantía de ingresos es uno de los más avanzados del reino, pero tenemos una de las tasas de inmigración más bajas”.

La Diputación informó de que la regulación de la nueva prestación y su aplicación se someterá a la consideración de los consejos asesores de mayores e inserción social, así como a representantes políticos y técnicos de bienestar social de todos los ayuntamientos, ya que serán estos últimos los responsables de tramitar las ayudas.