La cara más amarga de la crisis se quitó ayer la careta en el humilde barrio de la calle de la Estación. Una zona con antiguos pisos apenas reformados donde residen inmigrantes desde hace años. El vecino de Callosa de Segura, Mohamed Aboulbaka, tuvo suerte y tendrá una prórroga de dos meses para desalojar la vivienda que compró con una hipoteca, pero que no puede pagar porque está de baja y la empresa donde trabajaba no le paga indemnización alguna.

La plataforma Afectados por la Hipoteca de Almoradí consiguió que los secretarios judiciales fueran indulgentes con esta familia de ascendencia marroquí a la que se le acumulan los problemas. La falta de trabajo se suma a que el hijo mayor padece problemas cardíacos y la esposa está a punto de dar a luz un segundo hijo.

La situación es compleja pero deja claro que para entidades bancarias no hay distinciones, tampoco en los Servicios Sociales del Ayuntamiento ni de la Generalitat, que apenas han aportado ayudas a esta familia.

La vida es España cambió para Alboulbaka cuando tuvo un accidente en la obra donde trabajaba. A partir de ahí la falta de información y no haber cursado alegaciones contra la orden de desahucio «porque no sabe leer español» han jugado en su contra.

La plataforma de afectados ha logrado dos meses de plazo pero esta familia ya piensa en volver a Marruecos para tener un techo donde vivir. No es el único caso en la comarca pese a que «es el segundo en el que actuamos», asegura la portavoz, María Jesús Pérez. La asociación almoradidense asegura que «cada semana recibimos la visita de dos familias en similares condiciones», acuciados por las deudas y resalta que «muchas personas deciden no luchar y entregar las llaves al banco».