La toma de un edificio por parte de familias de etnia gitana originarias de Penamoa vuelve a incendiar el departamento de Servicios Sociales. Pero no solo ese. Ayer, cinco días después de que comenzara la ocupación, la Delegación del Gobierno envió a la zona un retén de policías que para comprobar los daños en el inmueble, que, por cierto, no son graves. Lo peor son las puertas, que han tenido que ser forzadas. El resto, «más o menos bien», según uno de los agentes.

La entrada policial fue muy tranquila. Incluso los ocupantes bromearon con los agentes. Uno de ellos animó a un funcionario a que ocupase un piso con su familia, «que no te va a faltar de nada».

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Julio Flores, mantuvo ayer por la mañana una reunión con la presidenta de la Asociación de Vecinos del Ventorrillo, Rosa Barreiro, y con el subdelegado del Gobierno, Jorge Atán, para analizar la situación creada después de la ocupación del edificio y los pasos a dar para buscar una solución urgente a esta situación. Rosa Barreiro trasladó la preocupación de los vecinos de A Silva y de los propietarios de las viviendas por la ocupación ilegal del inmueble y por la situación de alarma social que se ha originado en la zona.

Flores trasladó a la presidenta de la asociación de vecinos del Ventorrillo la voluntad del gobierno municipal y del alcalde de estar al lado de los vecinos de A Silva hasta la completa resolución del conflicto que se ha originado con la ocupación de las viviendas, así como impulsar todas las medidas legales para tratar de resolver la situación de A Moura en el menor tiempo posible. Por el momento, hoy mismo presentará un escrito en el Juzgado de Instrucción número 2, que es el que lleva el caso. Con esta y con la que presente también esta mañana la asociación de vecinos del Ventorrillo, ya serán cuatro las denuncias presentadas para pedir el desalojo. Antes lo habían hecho la entidad bancaria y la promotora.