En un día gris y algo lluvioso, Mónica espera clientes en un camino junto a la carretera nacional II, en La Jonquera. Hace tres años, esta joven de 27 años ejercía de secretaria en una empresa dedicada a la construcción en Bucarest, capital de Rumanía. Realizaba jornadas maratonianas, en ocasiones desde las seis de la mañana hasta las once de la noche, por 300 euros al mes. Lo que cobraba era casi el doble del salario mínimo interprofesional en su país. Le contaron que en España podría cobrar hasta diez veces más ejerciendo la prostitución y decidió venirse. Primero, durante dos años, estuvo en Valencia y desde hace uno se prostituye en La Jonquera, uno de los municipios españoles con más presencia de meretrices. Del fenómeno se hizo eco hace unos días The New York Times en un artículo que destacaba el “gran negocio” que supone esta actividad en un municipio fronterizo de unos 3.000 habitantes y que concentra uno de los prostíbulos más grandes de Europa, concurrido especialmente los fines de semana por ciudadanos franceses, en cuyo país se prohíbe esta actividad.

La policía local tenía contabilizadas a finales del año pasado un total de 41 mujeres que ejercían en la vía pública, a pie de carretera, pero también en polígonos o en aparcamientos para camiones. La imagen que ofrece la puerta de entrada a Catalunya no agrada ni a vecinos ni al Ayuntamiento, que desde hace años lucha para erradicar esta práctica. Pero, de momento, los esfuerzos no han tenido recompensa.

En mayo del 2009, el Consistorio aprobó una ordenanza municipal que prohibía ofrecer servicios sexuales retribuidos en el espacio público y establecía sanciones de hasta 3.000 euros tanto a clientes como a prostitutas que la incumpliesen. La norma inicialmente tuvo efecto y permitió reducir el número de meretrices en la calle, que pasó de treinta a cinco. Desde febrero del 2010, el Ayuntamiento ha bajado la guardia y ha ido progresivamente dejando de multar al constatar que muy pocas de las sanciones son cobradas. “Los servicios administrativos quedaron colapsados”, afirma la alcaldesa Sònia Martínez (CIU). Actualmente, el Ayuntamiento, básicamente, sanciona a mujeres y clientes que son sorprendidos cerca de la zona deportiva o escolar.
Este relajamiento en el cumplimiento de la ordenanza se refleja en las cifras: durante el primer año de entrada en vigor de la norma, la policía tramitó 305 expedientes administrativos; en el 2010 la cifra se redujo a 149; en el 2011 ya sólo fueron 46 y en lo que va de año se han sólo cuatro. De las 504 multas impuestas a lo largo de estos cuatro años –430 a prostitutas y el resto a clientes– sólo se han cobrado 51. Todas ellas son de clientes que abonan el importe por miedo a recibir una notificación en su domicilio. Ninguna de las jóvenes ha pagado, ya que el hecho de que no tengan domicilio fijo ni una cuenta bancaria hace más difícil el cobro de estas multas.

Martínez aduce otros problemas en el municipio fronterizo, por el que pasan diariamente entre 8.000 o 10.000 camiones, como la venta ambulante o el tráfico de drogas, a los que la policía también tiene que hacer frente. “La policía local no puede luchar sola contra la prostitución”, esgrime. En este sentido, cree que la norma que quiere impulsar el Govern para prohibir la prostitución en las carreteras puede ayudar, aunque pide también la implicación del Gobierno central. “Los municipios no tenemos suficientes herramientas para luchar contra este problema Hace falta una legislación estatal que prohíba la prostitución en la vía pública”, afirma.

Además de la N-II, las vías más frecuentadas por mujeres que ofrecen su cuerpo a cambio de dinero son la C-63, que une Vidreres y Lloret de Mar, la GI-623, la que va de Orriols a l’escala o la que une Figueres y Llançà.