La Cañada Real está en el punto de mira. Más de un año después de la aprobación de la Ley regional que fija un marco jurídico al mayor asentamiento de infraviviendas de Europa, las administraciones afectadas se han juramentado para poner fin a este problema.

Una cuestión con casi medio siglo de existencia y que tiene muy diferentes caras. Los implicados se reunieron ayer y acordaron desarrollar un trabajo diario y mantener encuentros semanales para acometer el problema. La ley, de marzo de 2011, cambiaba el uso público del terreno y lo convertía en patrimonial en favor de la Comunidad de Madrid. Es decir, pasa a ser suyo.

Es por ello, que el Gobierno regional, a través de su consejero de Servicios Sociales, Salvador Victoria, presidió ayer la reunión en la que han estado: el alcalde de Coslada, Raúl López (PP); el regidor de Rivas, José Masa (IU), y la delegada de Urbanismo y Vivienda de Madrid, Paz González (PP). Además, acudió también la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes.