No sabe dónde pasará la noche dentro de dos semanas y tampoco los pocos euros que le quedarán para comprar comida, pero lo que ahora le quita el sueño a Julio César Gálvez es el cadáver de su suegra, que falleció el domingo. Le exigen 900 euros para poder incinerarla y no tiene dinero desde que se acabara el programa de ayudas que el Gobierno prestaba a los disidentes cubanos que, como él, llegaron a España tras el histórico acuerdo entre Zapatero y el régimen de Castro.

Los ex presos políticos están en una situación límite. Denuncian que no se han cumplido los compromisos económicos ni la homologación de sus titulaciones. Sin dinero y sin la esperanza de encontrar un trabajo, se sienten empujados cada día al abismo de la calle. Con un futuro negro. «Vine a España a sufrir», sintetiza Gálvez, que permaneció siete años encarcelado por ser un periodista que miraba y escuchaba lo que no debía.

La revolución que buscaba Orlando Fundora Álvarez es la de una vida sin barrotes. Como presidente de la Asociación de Presos Políticos es quien coordina a los otros disidentes o, como él dice, «los hermanos». «Nos sentimos engañados y traicionados. Estamos botados en la calle sin recursos», subraya un hombre que se atrevió a demandar a Fidel Castro con las propias leyes del régimen y que compartió huelga de hambre con Guillermo Fariñas. «Es muy duro estar en una prisión y venir aquí y verse en la calle pidiendo limosna», apuntó.

Los disidentes cubanos y sus familias suman actualmente un colectivo de unas 600 personas. Ninguno tiene trabajo y, sin medios para subsistir, se están organizando para acampar en la calle el 18 de abril como protesta por su situación. No saben si levantarán las tiendas en la Puerta del Sol de Madrid o «en un parque de por ahí», pero se mantendrán firmes si no hay una solución del Gobierno. «Si no le tuvimos miedo al régimen de Castro…», advierte Fundora en alusión a su determinación. En todo caso, se desmarca de la comparación inevitable con el campamento del movimiento 15-M. «No vamos a gritar ni a manifestarnos contra nadie; somos presos políticos de conciencia», matiza. Solamente, explica Fundora, «buscamos resolver la situación de las familias», que es «crítica».

Conscientes de que su exigencia de «poder trabajar» parece un lujo en plena crisis, están dispuestos a marcharse en bloque a Estados Unidos para «no ser mantenidos» y recorrer su propio camino. Quienes ya lo hicieron, explica Gálvez, ya tienen empleo, incluso coche, porque la comunidad cubana en Florida es muy importante.

El 5 de abril hubo un cita con el ministro de Asuntos Exteriores y, ayer, el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Jesús Gracia, señaló que se están «buscando salidas dentro y fuera de España» y que se revisará «caso por caso».

Entretanto, la maleta de sueños rotos está resquebrajada. Yolanda, dama de blanco, es contundente: «Si hubiera sabido que esto es así, me habría quedado en Cuba aguantando la soberbia». Hace unos días se suicidó el periodista Alberto Santiago du Bouchet porque, dice Fundora, «no pudo aguantar» esto.

El acuerdo entre el Gobierno y los disidentes era por un año más una prórroga de seis meses, pero Fundora, que llegó en abril de 2011, se queda sin esa ampliación. «No sé cómo pagaré las facturas». España, además del apoyo de su gente, le deja la cicatriz de una operación a corazón abierto.