«Necesitamos una casa». Los jóvenes Gabriel y María, junto a la chabola en la que viven en la antigua carretera de Churra en Murcia. :: NACHO GARCÍA / AGM

Hace años que Álex abandonó la esperanza de dejar atrás la chabola. Este búlgaro se ha despertado esta mañana con la voz más ronca de lo normal. La lluvia caída estos días no tuvo piedad con el pequeño claro de huerta, cerca del carril del Cebadero de la pedanía murciana de Patiño, donde se levanta su improvisado hogar. Allí, en torno a una pequeña tienda de campaña, se asea, prepara la comida y ve pasar los días en compañía de su mujer. Junto a ellos, otras seis familias procedentes de Bulgaria malviven desde hace años de la recogida de chatarra. «Hay gente a la que la vida le sonríe», clama Álex con voz grave. «Para otros es un infierno».

Álex es uno de las centenares de indigentes, principalmente inmigrantes, que viven en chabolas o asentamientos ilegales esparcidos por toda la Región. Tiendas de campaña, tablas de madera desvencijadas, antiguas casas de aperos en ruinas… Estas improvisadas viviendas se abren paso aquí y allá. Lo hacen principalmente en terrenos abiertos, lejos de la civilización, pero en ocasiones aprovechan también esos pequeños huecos que la ciudad deja atrás en su acelerada expansión.

La cifra exacta de ciudadanos que sobreviven en estas circunstancias es un misterio, porque no existe un cómputo regional de estos asentamientos, ni del número de personas que los integran, aunque sí se conoce que existen – o han existido – poblados en la Región en los que se superaba el centenar de miembros. La Consejería de Sanidad y Política Social asegura que éste es un tema de competencia municipal y que corresponde a los ayuntamientos realizar esas pesquisas. La Comunidad, insiste, solo interviene para prestar ayuda en algunos casos concretos en los que los Consistorios se ven desbordados.

En manos de los Consistorios, lo cierto es, tal y como señalan las asociaciones, que no existe una cifra fija sobre esta realidad. La labor municipal, por el momento, se está centrando mayoritariamente en detectar posibles focos de insalubridad o inseguridad para ponerles coto. La concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Murcia, Nuria Fuentes, aseguraba a comienzos de este año que en la capital existen «en torno a treinta asentamientos, de distintos niveles, algunos de una o dos personas». Fuentes reconocía, asimismo, la dificultad de esta labor de censo teniendo en cuenta que «éste varía continuamente puesto que son siempre móviles e itinerantes» y anunciaba la desmantelación de algunos de estos grupos en los que los servicios sociales habían constatado que vivían menores de edad.

Aunque no existe un mapa sobre los lugares en los que se ubican estos ‘hogares’ es conocido que, por ejemplo, en Murcia ha afectado a zonas como la Finca Mayayo de la pedanía de El Palmar, Sangonera La Verde, La Alberca, Nonduermas o El Ranero. En Cartagena los barrios de Lo Campano o Los Mateos han sido principalmente su cobijo, al igual que en Lorca las zonas de Santa María, San Pedro o San Cristóbal. Mención especial merece el poblado cartagenero de Algameca Chica, que desde hace décadas ofrece cobijo a un centenar de familias junto a la rambla de Benipila. Otros puntos calientes son El Campico o el barrio de San José Obrero, en Alcantarilla, o las zonas cercanas a la autovía en Cieza.

A expensas de los censos municipales, algunas asociaciones regionales han tratado de acercarse y contabilizar este fenómeno, que la crisis económica no ha hecho más que agravar. Una de ellas es la Fundación RAIS (Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral), que en 2009 trabajó durante más de medio año en tratar de localizar a todos los indigentes, de origen africano, que malvivían en asentamientos de Murcia. El estudio les permitió atisbar que – solo de esas características – ya había más de 200 personas repartidas en unos seis o siete asentamientos de la capital.

Javier Morales, responsable de la Fundación RAIS en Murcia, reconoce que no existe un cómputo general de las personas que viven en estos poblados en toda la Región, pero es evidente que son un grupo importante. Morales advierte, sin embargo, que «mucha de esta gente, a raíz de la crisis económica, se está quedando estancada». La red de trabajo sumergido que les permitía vivir ahora se ha venido abajo. Han entrado en un círculo de exclusión del que cada vez les cuesta más escapar.

Sin agua y sin luz

Más allá del aspecto cuantitativo, la mayoría de estos poblados malviven sin agua y, en ocasiones, sin luz en condiciones infrahumanas. Es el caso de Gabriel y María, un joven pareja, padres de cuatro pequeños, que sobreviven en una diminuta chabola junto a la antigua carretera de Churra, en Murcia. «Cada mes le pagamos diez euros a un vecino y nos da dos ‘cubicos’ de agua cada día», explican estos jóvenes de etnia gitana, «pero estamos mal porque aquí no podemos tener a nuestros críos curiosos. Necesitamos una casa».

Esta familia sobrevive desde hace tres años y medio en una casa de aperos prácticamente en ruinas a la que han unido unas chabolas de tablas y plásticos. No tienen aseo, ni cocina. Antes de que estallara la crisis económica, Gabriel, de 24 años, se ganaba la vida en la obra o recogiendo lechugas en el campo. Ahora, asegura, está cansado de tocar a puertas. «Me he recorrido de Orihuela a Cartagena y nada», lamenta. «Sé hacer de todo, pero llevo tres meses en el paro».

Su experiencia en el mundo de la construcción ha servido a este joven para tratar de adecentar su ‘hogar’. Gabriel ha colocado baldosas y dado una mano de pintura a una vivienda que se cae a trozos. Unos pequeños arreglos que no esconden, sin embargo, la miseria de su casa. «A nosotros lo único que nos hace falta es una vivienda», clama triste María. «Que nos saquen de aquí».

Mientras tanto esta joven pareja consigue sobrevivir gracias a la ayuda de Cáritas y alguna otra asociación que les entrega la esencial: comida y ropa. «Cáritas es mejor que la trabajadora social», enfatiza Gabriel, que critica, sin embargo, la falta de interés municipal. «Llevamos más de un año solicitando una ayuda, pero a nosotros nadie nos da nada», recalca Gabriel. «Queremos luchar, pero no nos dan posibilidades para nada. No pedimos que nos regalen nada; solo que nos ayuden a dar ese primer ’pasico’».

En una situación similar se encuentra Álex, un búlgaro al que la crisis económica ‘escupió’ a una chabola de la pedanía murciana de Patiño. «El Ayuntamiento pasa, mira y cierra los ojos», lamenta en un pobre español. «Yo voy mucho por las calles y veo casas abandonadas. Con eso se puede ayudar. Una casa para no estar así… sin techo».

Vivir de la chatarra

Este búlgaro reside, junto a otras cinco o seis familias de compatriotas, en un pequeño claro de huerta en Patiño, junto a las antiguas caballerizas de un club de hípica. Viven de la chatarra. «No da para mucho. Para nada», sostiene. «Un poco de pan para comer. No más». Hasta hace unos años esta zona era lugar de asentamiento de cerca de 200 búlgaros que vivían en comunidad en un campamento. Contaban, incluso, con luz. El incendio provocado por un problema eléctrico les colocó en julio de 2010 en el ojo del huracán. Hoy intentan agruparse en comunidades más pequeñas para no llamar la atención del Ayuntamiento. «Algunos llevan aquí más de diez años», recalca Álex. «No damos problema. No queremos que venga la Policía».

Habitualmente, los problemas de insalubridad y las quejas vecinales son los principales enemigos de estos poblados. Esas suelen ser las causas que justifican grandes desmantelamientos, como los que se han llevado a cabo, en los últimos años, en algunos asentamientos de la Región. La visita de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a estas zonas son frecuentes, pero Morales, de RAIS, insiste en la necesidad de ejercer un control más habitual y concreto de estas zonas. «Si yo fuera vecino y supiera que ese asentamiento lo visitan regularmente estaría más tranquilo», recalca. «Si no va nadie, es un peligro».

El Observatorio de Exclusión Social de la Universidad de Murcia (UMU) también estudia la realidad de estas personas y enfatiza la necesidad de ayudarlas en sus condiciones de vida. Uno de sus informes calculó hace unos años que más de un millar de personas, en la Región, dormían en la calle. «Somos conscientes de que nos encontramos con un número importante de familias que no tienen acceso a una vivienda digna sin el apoyo de la administración pública», recalcaba este estudio. «Esto supone que es necesario proporcionar medios de alojamiento digno, estable y el apoyo social complementario para que estas familias puedan salir de la exclusión social en la que viven».

Morales también insiste en la necesidad de trabajar en la integración de estas personas. «A nosotros se nos suele llamar con un sentido de urgencia, cuando hay que limpiar una zona, pero en una semana no se puede dar solución a 20 ó 30 familias», recalca. Desde la Fundación RAIS aseguran que es necesario trabajar en una mesa en la que estén sentados los servicios sanitarios, sociales, de seguridad y las ONG. «Esto no es un problema de infraestructuras o inseguridad. Es un problema social», concluye.

Sebastián tiene claro que algún día dejará la chabola en la que vive. Ve pasar las semanas con esa esperanza. Este rumano, de 24 años, trabaja recogiendo chatarra por la capital y duerme, junto a otros 18 familiares, en un poblado junto a la antigua carretera de Churra. «Los hombres salimos a trabajar y las mujeres quedan aquí para limpiar y hacer la comida», cuenta. Con lo poco que gana cada mes, en España puede comer y mandar dinero para su mujer y sus hijos, que le aguardan en Rumanía. Ese es su objetivo «Allí no tenemos sitio donde trabajar. No hay futuro».