Diversos países, entre ellos España, coordinados por la OTAN, participaron el pasado año en la zona de exclusión aérea y marítima contra Libia aprobada por la ONU en nombre del principio de proteger a la población civil. La misión se convirtió en una operación militar para acabar con el régimen de Gadafi, en la que hubo víctimas civiles. Pese a que se calcula que en este conflicto acabaron muriendo entre 10.000 y 30.000 personas, la OTAN no ha aceptado haber causado una sola víctima civil.

A la responsabilidad de proteger, principio instaurado por la Asamblea General en 2005, había que añadir la mucho más antigua obligación jurídica y moral de rescatar a las embarcaciones a la deriva en el mar sean civiles que huyen del conflicto o inmigrantes que intentar llegar a Europa. Un detallado informe de la senadora verde holandesa Tineki Strik para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, tras unas revelaciones en mayo de 2011 del diario The Guardian, ha puesto de relieve cómo, en una zona del Mediterráneo plagada en esos días de abril de 2011 de buques de guerra y pesqueros, se hizo caso omiso a las llamadas de socorro de una embarcación precaria con 72 emigrantes subsaharianos que huían de Libia para ir a Europa, y que tuvo que regresar a la costa de origen con solo nueve supervivientes a bordo.

El informe apunta a la proximidad de la fragata española Méndez Núñez y del buque italiano Borsini. Defensa ha negado que recibiera la llamada de socorro, ni del bote ni de la OTAN. Y el informe releva cierta confusión sobre el supuesto sobrevuelo de uno o dos helicópteros que lanzaron víveres al bote a la deriva. Es un episodio oscuro que hay que aclarar. Como muchos otros en esa acción militar. La credibilidad, pero también la responsabilidad, de la OTAN y de los Estados que participaron en estas operaciones, incluida España, está en juego